•   Tegucigalpa, Honduras  |
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  • EFE

Autoridades de Honduras informaron hoy del decomiso de 129 armas de fuego, granadas, dinero, así como licor y teléfonos móviles, en un centro penal que albergaba a peligrosos pandilleros trasladados a cárceles de máxima seguridad.

Las requisas forman parte de las operaciones de seguridad "Morazán" y "Arpía", que fueron puestas en marcha en los últimos tres meses en el centro penal de San Pedro Sula, norte del país, dijo el director de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Elías Melgar, en una rueda de prensa, acompañado del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

En la cárcel de la segunda ciudad más importante del país, que será clausurada, "operaba un centro logístico en donde se planificaban y ejecutaban órdenes de muertes y ejecución de extorsiones", afirmó el presidente. En el centro penal se decomisaron 94 armas cortas y revólveres, 34 fusiles de asalto, una subametralladora, 34 granadas, 26.779 municiones de diferentes calibres, cerca de 500 cargadores, doce chalecos antibalas y 60 pasamontañas.

También se incautaron dos kilos de cocaína, 18 kilos de marihuana, 877 botellas de licor, dos balanzas eléctricas, y más de 160 teléfonos móviles. En la acción, los agentes requisaron en la cárcel más de 3,3 millones de lempiras en efectivo (140.684 dólares) que estaban ocultos en los módulos que ocupaban hasta hace unos meses los pandilleros de alta peligrosidad de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, trasladados en marzo a cárceles de máxima seguridad.

El presidente Hernández destacó el "éxito" y "el arduo" trabajo de las unidades de inteligencia y seguridad para "investigar, identificar, localizar y excavar" en los celdas del penal. Los reclusos "prácticamente han estado en una fiesta, pero la fiesta se acabó", subrayó el gobernante. El mandatario calificó de "exitoso" el traslado de reos de alta peligrosidad a dos cárceles de máxima seguridad conocidas como "El Pozo I y II", lo que, en su opinión, ha contribuido a reducir los índices de criminalidad y actos delictivos en las principales ciudades del país.

"Este es parte del nuevo sistema penitenciario del país, por lo que con el traslado de privados de libertad de la cárcel de San Pedro Sula a otras cárceles se han evitado crímenes y extorsiones, entre otros delitos", enfatizó. Hernández indicó que su Gobierno continuará "trabajando" para garantizar la seguridad a sus ciudadanos, y recordó que el centro penal sampedrano y el del departamento occidental de Santa Bárbara serán cerrados.

"No vamos a retroceder ni un milímetro en montar un sistema carcelario de primera", apuntó. Dijo además que el Estado hondureño debe "velar por los derechos humanos de los privados de libertad, pero también es cierto que estamos velando por los derechos de las víctimas".

Según la Fusina, el 80 % de los ataques y masacres perpetradas en el país centroamericano son ordenadas por pandilleros que operan desde las cárceles. El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por una treintena de cárceles, alberga a 17.712 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.