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  • EFE

La Justicia de El Salvador enjuicia desde hoy a 18 personas, entre ellos mandos policiales, exdirectores de cárceles y un mediador, por los beneficios que recibieron los pandilleros encarcelados durante una tregua entre esas bandas (2012-2014) y que contó con el apoyó del Gobierno.

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador instaló la audiencia cerca de las 10:00 hora local (16:00 GMT), más de hora y media después de lo programado, y se espera que dure un máximo de 10 días.

El abogado del exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, Manuel Chacón, señaló que se espera que durante el primer día del juicio testifiquen el exmediador del armisticio y obispo castrense, Fabio Colindres, y el exdirector de la Policía y general del Ejército Francisco Salinas.

Aseguró que con estos testimonios, más el del exministro de Seguridad y actual titular de la Defensa, David Munguía Payés, que llegará al tribunal el día 11 de agosto, buscan establecer que la tregua fue adoptada por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) como una política estatal.

"Monseñor Colindres va a establecer que el proceso que él encarnó, como miembro de la Iglesia, se llevó a cabo como una política pública" por "una decisión presidencial" y "que tuvo reuniones con el expresidente donde se concretaron los mecanismos de apoyo a los mediadores", sostuvo el letrado.

No obstante, durante los alegatos iniciales, uno de los fiscales señaló que el hecho de que el armisticio y las irregularidades cometidas en las prisiones eran una política gubernamental, "no es excluyente ni atenuante de la responsabilidad penal".

El fiscal general Douglas Meléndez aseguró en mayo de 2016 que durante la tregua "funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos" y "como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario".

Entre los delitos atribuidos a los procesados están los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos al interior de las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.