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  • EFE

El asalto de cinco miembros de la Mara Salvatrucha al Hospital Roosevelt de Guatemala, en el que murieron 7 personas y 11 resultaron heridas, ha vuelto a activar peticiones para reanudar las políticas de mano dura contra las maras, que más que una solución rayan en el “populismo penal”.

Así lo dijo en una entrevista con Acan-Efe el director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Elvin Díaz, quien cree que “hay cuestiones de fondo” que deberían tratarse antes de pensar en la “pena de muerte o en leyes "anti-maras”.

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El miércoles un grupo de pandilleros perpetró un ataque armado frente al nosocomio para liberar a un reo, que está en busca y captura, un hecho que funcionarios y políticos aprovecharon para lanzar propuestas oportunistas y sin fondo.

Hubo quien pidió reactivar la pena de muerte, como la excandidata presidencial e hija del exdictador Efraín Ríos Montt, Zury Ríos; o quien promovió en el Congreso una Ley “anti-maras”, como el vicepresidente de la Junta Directiva del Legislativo, Felipe Alejos.

El instituto penal, que nació hace 25 años con un enfoque de “política criminal democrática”, promueve una perspectiva integral de justicia a través de los ámbitos jurídico y estructural de las organizaciones y la cultural penal.

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Díaz cree que los hechos violentos que cimbrearon la capital guatemalteca son el reflejo de “un Sistema Penitenciario (SP) acéfalo”, pues el traslado del preso fugado, Anderson Daniel Cabrera, no debería haber traído mayores problemas y sólo es “la punta del iceberg”.

Son las condiciones de los servicios básicos que existen en los centros de detención las que promueven estos actos: “Hay hacinamiento, carencias de recursos y escaso acceso a la salud y eso lleva a solicitudes de esta talla”, dice el director del ICCPG y abogado penalista, quien no duda en que se agudizará la crisis del SP si no hay una reforma.

Y a esto se suma la situación de los guardias penitenciarios, “en el último eslabón en materia de condiciones dignas” de seguridad, económicas y laborales, lo que conduce a “la intromisión” de estructuras del crimen organizado en sus filas.

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En el atentado al Hospital Roosevelt, dos guardias penitenciarios fallecieron víctimas de impactos de bala de los pandilleros, quienes fueron aprehendidos en las cercanías del centro asistencial con armas largas de uso exclusivo del Ejército. 

Pero los traslados han sido un punto clave, pues camino a tribunales para el desarrollo de audiencias o actos judiciales dentro de los procesos han existido ataques para liberar a los reclusos, como la granada lanzada en 2015 a un vehículo penitenciario frente al Hospital San Juan de Dios.