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  • EFE

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio hoy luz verde para que el Congreso decida si debe levantar la inmunidad al presidente, Jimmy Morales, para que sea investigado por supuesta financiación electoral ilícita.

Por votación mayoritaria, los magistrados del Supremo admitieron a trámite la solicitud de antejuicio que presentaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el uso de fondos de presunto origen ilícito en la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a Morales al poder.

Los magistrados de la CSJ consideraron que existían "suficientes elementos" para aceptar la petición introducida el pasado 25 de agosto por las mismas entidades que en 2015 acusaron por corrupción al entonces mandatario, Otto Pérez Molina, quien renunció y quedó detenido mientras enfrenta a la Justicia.

El expediente del caso por financiación ilícita estará ahora en manos del Organismo Legislativo, en donde al azar se deberá integrar una comisión pesquisidora que recomiende al pleno si el mandatario debe o no ser investigado por esta acusación.

Tras recibir un informe de la comisión, el parlamento deberá votar si le levanta o no la inmunidad a Morales.

La investigación en contra del presidente comenzó el 30 de noviembre pasado a raíz de una denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante el MP.

De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, FCN-Nación, del que Morales fue secretario general en el 2015, recibió al menos 6,7 millones de quetzales (920.329 dólares) de financiación que no reportó al TSE.

El partido supuestamente ocultó financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y se gastó 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado el origen de los recursos con los que realizó los pagos, informaron el pasado 25 de agosto la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.

De los 13 magistrados que integran la CSJ, once votaron a favor del trámite del desafuero y dos en contra.

Mientras los magistrados discutían la petición, un pequeño grupo de personas se plantó en las afueras del Palacio de Justicia para exigir el fin de la impunidad en el país, un lema que colmó las calles de la capital hace dos años, cuando Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron acusados de liderar una gigantesca trama de corrupción en las aduanas del país.

Horas después de conocerse la decisión, el mandatario emitió un comunicado en el que asegura que no ha interferido en los procesos legales que lo vinculan y que siempre ha defendido "el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes".

El trámite del antejuicio en contra de Morales ocurre en medio de las críticas en contra del presidente por intentar expulsar del país al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, después de que este participara en la solicitud del proceso de desafuero.

Además, la decisión del Supremo se da el mismo día en el que la Cicig, un ente del sistema de Naciones Unidas, inicia su último mandato, un extremo que solicitó el mismo Morales durante una visita a la sede central de la ONU en diciembre pasado.

La CSJ rechazó hoy mismo otras dos solicitudes de antejuicio en contra del presidente presentadas por particulares por la decisión de expulsar del país al comisionado de la Cicig, a quien declaró persona "non grata" el pasado 27 de agosto por su supuesta "injerencia en asuntos internos".

Ese anuncio generó una oleada de protestas que llevó a la Plaza de la Constitución de la capital a decenas de guatemaltecos que pidieron la renuncia del mandatario y expresaron su respaldo a Velásquez.

El comisionado, que también recibió apoyo internacional, continúa en Guatemala por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país centroamericano, que revirtió la decisión del presidente al considerarla "ilegal".

La Cicig se estableció en Guatemala en el 2007 por un periodo de dos años para contribuir con la desarticulación de las estructuras paralelas de seguridad, pero su mandato se ha ido prorrogando y finaliza en 2019.

El hijo y el hermano del presidente, José Morales y Sammy Morales, enfrentan un juicio por un caso de fraude en el Registro de la Propiedad.