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  • EFE

Un desprestigiado Congreso de Guatemala tendrá en sus manos decidir si al presidente Jimmy Morales se le somete a un antejuicio, cuestión sobre la que hay dudas e incertidumbre de que se llegue a dar, incluso entre los mismos diputados.

Once de trece magistrados de la Corte Suprema de Guatemala aprobaron ayer el expediente que solicita abrir proceso para levantar la inmunidad a Morales por un caso de financiación electoral ilícita en la campaña de 2015, pero conseguir los 105 votos necesarios entre los 158 congresistas está cuesta arriba.

La desconfianza existe sobre el Organismo Legislativo porque está salpicado de escándalos por actos de corrupción, como la creación de plazas ficticias para sustraer dinero del Estado.

El analista y activista de derechos humanos, Jorge Santos, dijo a Acan-Efe que la situación es "compleja" y que para saber si prospera el antejuicio primero hay que esperar a ver quiénes integrarán la comisión investigadora que debe crear el Congreso.

A eso hay que sumarle que existen al menos diez partidos bajo investigación por supuesta financiación ilícita, lo que genera un "temor generalizado" que puede incidir en la votación, dijo.

Santos agregó que en la votación también puede jugar un papel fundamental el proyecto de presupuesto de 2018 presentado por el Ejecutivo porque "ha sido por excelencia un instrumento de negociación espuria".

El expediente del proceso fue recibido este martes en el Congreso y según su vicepresidente, Felipe Alejos, será el próximo jueves cuando se decida, por sorteo, la integración de la comisión con cinco diputados para hacer la investigación.

El ente tendrá un plazo máximo de 60 días para presentar su recomendación al pleno, el cual será convocado a una votación. Esa comisión deberá dar audiencia al mandatario, al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que pidieron el antejuicio el pasado 25 de agosto.

Otro analista, Édgar Balsells Conde, manifestó a Acan-Efe que la comisión que se forme debería recomendar el desafuero del presidente porque la financiación ilícita "es un delito grave y la punta de lanza para el control político del poder".

Sin embargo, admitió que el proceso "será una muestra más de supervivencia de la vieja clase política que se resiste a los cambios" y apoya a Morales. "Me siento muy pesimista del futuro del antejuicio" porque "los partidos se han alineado para proteger al presidente", dijo a Acan-Efe el diputado opositor Amilcar Pop.

El parlamentario alertó que "hay 37 antejuicios contra diputados que tienen sed de venganza".

El diputado Carlos Barreda, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de cuyos legisladores, Orlando Blanco, también enfrenta un proceso de antejuicio por supuesta financiación electoral ilícita en 2015, también ve "difícil" que se consigan los 105 votos para levantarle la inmunidad al mandatario si lo recomienda la comisión.

Una protestante contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. EFE/ENDMientras, la opositora Sandra Morán alertó que pueden ocurrir dos escenarios: uno que se proteja al presidente con tácticas dilatorias para conformar la comisión, y utilizar el antejuicio como una distracción para insistir en la expulsión del país del comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, frenado la semana pasada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por su parte, el diputado Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional (UCN), también de oposición, comentó a Acan-Efe que todo va a depender de la comisión pesquisidora, pero aclaró que como "no somos jueces, no podemos valorar la culpabilidad o inocencia del presidente".

El partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) cuenta con 37 escaños de los 158 que tiene el Congreso, pero según expertos, con sus aliados suma unos 70, que si asegura sus votos, puede frustrar el antejuicio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el FCN-Nación cuando Morales fue su secretario general en 2015, habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y se gastó 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado el origen de los recursos con los que la organización política realizó los pagos.

La Ley de Materia de Antejuicios señala que si se levanta la inmunidad a Morales, el caso deberá ser trasladado a un Juzgado.