•   San Salvador, El Salvador  |
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  • EFE

El Gobierno de El Salvador pidió hoy al Congreso endurecer las penas de cárcel y eliminar cualquier beneficio procesal a los pandilleros involucrados en el asesinato de policías, soldados y custodios de cárceles.

El vicepresidente del país centroamericano, Óscar Ortiz, dijo en una conferencia de prensa que la propuesta de reforma al Código Penal establece como pena mínima los 50 años de prisión a quien asesine a un miembro de los cuerpos de seguridad, sin detallar el máximo de años que podrían penar estas personas.

Añadió que también pretenden endurecer las penas contra "quienes quieran atacar" a los agentes y establecer otras "disposiciones especiales" para proteger a los uniformados, fiscales y jueces.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, sostuvo una de las medidas que impulsan es que cualquiera de estos funcionarios, que sea "amenazado o vigilado" por pandilleros, pueda acudir ante un juez y este emita una orden de restricción, que al ser transgredida daría pie a la detención de los involucrados.

Por otra parte, los pandilleros vinculados al ataque o amenazas contra los agentes de seguridad serán sometidos a un "régimen especial" penitenciario en el que estarán aislados y sin visitas desde el momento de su detención.

La propuesta del Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén también estipula la suspensión de beneficios procesales a estas personas, con lo que no tendrían derecho a la libertad condicional o arresto domiciliario.

"En la medida en que estos grupos sigan considerando el uso de la violencia como su principal herramienta vamos a estar expuestos a esta amenaza; lo más importante es ser eficaces, fuertes y contundentes en el combate", acotó el Ramírez.

Por otra parte, Ortiz y el ministro de Seguridad presentaron al Congreso otra iniciativa para formar una unidad de inteligencia financiera en la Policía para darle "mayores herramientas" para atacar las extorsiones y las redes de blanqueo.

Esta también establece que las víctimas de extorsión de "las estructuras más violentas" no tengan que "comparecer en ninguna de las diligencias judiciales" y sean representados por la Fiscalía.

El Ejecutivo también llevó ante los diputados la propuesta de distribución en el último trimestre del año de 17 millones de dólares obtenidos mediante un impuesto especial a las telecomunicaciones.

Según el ministro de Seguridad, en lo que va de 2017 fueron asesinados 26 policías, la mayoría en los últimos meses y cuando se encontraban de licencia, 11 militares y 2 custodios de centros penales.

Las autoridades acusan a las pandillas salvadoreñas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.