•   Ciudad de Guatemala, Guatemala  |
  •  |
  •  |
  • EFE

Varias organizaciones sociales y campesinas anunciaron hoy que se sumarán al paro nacional convocado para el próximo miércoles en Guatemala y exigieron la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, y de los diputados del Congreso por "corruptos".

El paro nacional fue convocado por el movimiento Justicia Ya, que surgió en 2015 a raíz de las denuncia de supuesta corrupción que le costaron el gobierno al presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien está en prisión preventiva y procesado por ese delito, al igual que la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El movimiento Poder Ciudadano, organizaciones de mujeres, pueblos campesinos, de jóvenes y sociales anunciaron este domingo en un comunicado que tienen previsto movilizar a unas 100,000 personas para exigir la depuración en los organismo Ejecutivo y Legislativo.


La entidades exigieron la "inmediata" renuncia del presidente Morales por "corrupto y ladrón" y que enfrente a la Justicia por financiación electoral ilícita.

El pasado lunes el Congreso rechazó levantar la inmunidad a Morales para que fuera investigado por supuesta financiación ilícita electoral, delito en que habría incurrido durante la campaña que le llevó al poder, según señaló el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Las organizaciones sociales también exigieron la renuncia de los diputados por haber aprobado de forma sorpresiva dos reformas al Código Penal, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población y de las instituciones, incluidos los empresarios.

Una de las reformas eximía a los secretarios general y candidatos de partidos políticos de su responsabilidad por la financiación electoral ilícita y la otra elevaba de cinco a diez los años las penas susceptibles de conmutación.

Las organizaciones sociales solicitaron a la Cicig y al Ministerio Público (MP) que investiguen a los diputados que aprobaron las reformas penales finalmente abortadas.

Además, solicitaron la destitución del ministro de la Defensa, Wiliams Mansilla, por el bono extraordinario de responsabilidad que su cartera asignó a los altos mandos miliares, entre ello uno a comandante general, el presidente Morales.

El mandatario devolvió el pasado jueves los 450,000 quetzales (61,728 dólares) que había recibido del Ejército por ese bono desde diciembre pasado.