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Una jornada de manifestaciones y protestas en Guatemala contra el Gobierno y el Parlamento transcurrieron sin sobresaltos en medio de una fiesta cívica, aunque no logró llegar a ser un paro nacional, como pidieron algunos de los sectores convocantes.

La Procuraduría de Derechos Humanos estimó que en el país se habían manifestado alrededor de 148,000 personas, unas 80,000 solo en la capital, según estimaciones facilitadas a Acan-Efe.

El llamado a paro lo hizo el domingo pasado la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (USAC, pública) y lo secundaron organizaciones como Justicia Ya —surgida de las protestas de 2015— y otras entidades de la sociedad civil, además de indígenas y otros sectores.

El lunes, la USAC se sumó pero no quiso llamarle “paro nacional” a la actividad y, en cambio, la nombró “caminata pacífica” y “movilización masiva”.

Otras universidades privadas, como la Rafael Landívar o del Valle, se sumaron al paro cerrando sus sedes educativas y permitiendo así a sus estudiantes y personal administrativo el derecho a manifestar.

El portavoz del Ministerio de Gobernación (Interior), Rodolfo Celada, apuntó que, según la estrategia de la Policía Nacional Civil, “1,400 agentes participaron en el esquema de seguridad de la

manifestación”.

El portavoz de Gobierno, Heinz Hiemann, dijo que todas las entidades habían trabajado con normalidad, aunque algunas de ellas tenían puertas cerradas, pero se veía ingreso y salida de personal.

Trabajo normal

Los tribunales de justicia también trabajaron aunque con relativa normalidad, pues no fue trasladado ningún reo —en prisión preventiva o cárcel— a nivel nacional, como indicó a Acan-Efe el portavoz del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel.

En un día ordinario, dijo Esquivel, “se realizan 280 a 300 traslados, de los cuales el 85% son en la capital”.

En medio de esta protesta, un grupo de organizaciones presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un antejuicio (desafuero) en contra de 107 diputados del Congreso de Guatemala que hace ocho días realizaron reformas penales, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población.