•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

El olvido en el que ha caído el frustrado proyecto minero Las Crucitas, ubicado en un recóndito lugar del norte de Costa Rica, ha desatado en los últimos meses una fiebre del oro que supone un peligro tanto para el ambiente como para la salud.

Decenas de 'coligalleros', como se le llama en el país a los mineros artesanales, han invadido en los últimos meses los terrenos de la finca donde se construiría la mina, ubicada en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela (norte), a unos pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua.

En la zona, estas personas han instalado campamentos improvisados, con pobres condiciones de salubridad, con el fin de extraer oro con utensilios y métodos artesanales dañinos para el ambiente, como lo es el uso del mercurio en ríos del lugar.

"El sistema de extracción es similar a lo que iba a hacer la mina, en el sentido de que descubre el terreno, lo que implica botar bosque y alterar la superficie. Se usa el mercurio, que es sumamente tóxico, sin ninguna técnica en sentido ambiental", afirmó a Acan-Efe el presidente de la Federación Ecologista (Fecon), Mauricio Álvarez.

La empresa minera Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.

Sin embargo, un largo proceso legal que comenzó en 2010 y que fue impulsado por sectores ambientalistas terminó por declarar ilegal la concesión, debido a una serie de irregularidades en la tramitación de los permisos.

La empresa inició la construcción de la mina, talando árboles y limpiando terreno, pero no pudo finalizarla ni comenzar a extraer oro y fue condenada en 2015 a pagar 6,4 millones de dólares por los daños ambientales ocasionados.

Entre los daños se destaca la tala ilegal de árboles de almendro, una especie protegida y que es la principal fuente de alimento de la lapa (guacamaya) verde, un ave en peligro de extinción de la que quedan pocas parejas en Costa Rica.

Tras la cancelación del proyecto la finca quedó en el olvido y se convirtió en una "tierra de nadie", lo que ha sido aprovechado por los 'coligalleros', quienes han dicho a medios locales que extrayendo oro pueden ganar hasta tres veces el dinero que reciben en otras actividades como agricultura o construcción.

Álvarez señaló que mira con preocupación una corriente de opinión que se ha creado y que culpa al sector ambientalista por lo que está ocurriendo en Las Crucitas debido a la batalla legal que evitó la construcción de la mina.

"Nuestra posición es que el Gobierno debería actuar. Existen posibilidades de que invierta en la compra de la finca y que pase a ser patrimonio del Estado. También que alguna Universidad compre la propiedad, se le saque provecho y se le lleve otras alternativas a la gente en el mediano y largo plazo", dijo el ecologista.

En los últimos meses la Fiscalía ha presentado cargos por minería ilegal a una veintena de personas y la Policía ha llevado a cabo algunos operativos para detener a los mineros, pero la lejanía del sitio y el poco personal en la zona hace que esa labor sea esporádica.

La Defensoría de los Habitantes emitió esta semana un pronunciamiento en el que considera urgente una intervención mayor de autoridades del Ministerio de Ambiente y de Salud frente a la minería ilegal en Las Crucitas, que se una a los esfuerzos de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad.

Entre las peticiones de la Defensoría se destaca establecer un protocolo para la detección de posibles casos de afectación de salud por contacto con mercurio, y establecer una coordinación con la cartera de Ambiente para un abordaje integral de la problemática.

"La Defensoría de los Habitantes ha sido enfática en señalar cómo la actividad minera en general tiene implicaciones serias en el medio ambiente, tales como contaminación en el aire, agua y suelo, así como problemas en el ámbito social", concluye el pronunciamiento.