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  • EFE

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) pidió hoy a la Corte de Constitucionalidad (CC) resolver en favor de la minera San Rafael un recurso de apelación por la suspensión de las operaciones decretada en agosto pasado, que ponen en riesgo 17,000 empleos directos.

El presidente de la AmCham, Juan Pablo Carrasco, explicó a periodistas que "nosotros tenemos interés directo en que se preserve la certeza jurídica y se protejan las inversiones".

Agregó que el recurso Amicus Curiae (Amigo de la Corte) que presentaron hoy al máximo tribunal constitucional de Guatemala es para que en la vista pública que se celebra mañana para conocer la apelación, se tomen en consideración sus argumentos.

"Consideramos que la certeza jurídica es vital para poder atraer inversiones a Guatemala para generar desarrollo y empleo digno y eso está en riesgo por la suspensión de las operaciones", aseguró.

La Minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, es un socio activo de la AmCham y la suspensión de las operaciones está causando grandes pérdidas económicas.

De acuerdo con Carrasco, solo el Estado deja de percibir cada mes al menos cinco millones de dólares en impuestos y regalías.

Añadió que están dispuestos a colaborar con la CC en la formulación de opiniones y consideraciones jurídicas y económicas para que sean deliberadas al momento de emitir el fallo de la apelación.

Sostuvo que siendo Guatemala un país en vías de desarrollo, "requiere fuertemente del apoyo del capital extranjero para impulsar cualquier proyecto de desarrollo económico y social".

La suspensión de las operaciones, advirtió, ha puesto en riesgo más de 17,000 empleos directos de los cuales dependen 85,000 guatemaltecos.

En julio pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió temporalmente las operaciones al amparar al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), que consideró que no se hizo ninguna consulta a la comunidad sobre los trabajos que se realizarían.

Sin embargo, la misma CSJ revocó el fallo en septiembre pasado y dijo que la mina debería realizar la consulta, lo cual fue apelado por Calas ante la CC.