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  • ACAN-EFE

El Gobierno de El Salvador inauguró hoy un congreso en el que se discute la "importancia" de la atención psicológica y social a estudiantes afectados por la violencia con el fin de garantizarles salud mental, informó el Ministerio de Educación (Mined).

El primer congreso de psicología y educación, denominado "Atención Psicosocial en la Construcción de la Convivencia Escolar", tiene como fin destacar la "importancia" de la atención "psicosocial" para la construcción de una sana convivencia en el ámbito escolar, indicó la fuente.

En el encuentro participan unos 250 directores de escuelas, que se encuentran en zonas afectadas por la violencia generada por las pandillas, y cuenta con intervenciones de profesionales en psicología, personal técnico de los ministerios de Educación y Salud, y de Plan Internacional, así como de organizaciones gubernamentales, no estatales y universidades.

El Mined indicó que entre los temas a tratar durante el encuentro están el fortalecimiento de capacidades y habilidades para la prevención y riesgos sociales en la niñez, la adolescencia y la juventud y la comunicación no violenta.

Además, el evento busca potenciar el intercambio de conocimiento, experiencias y prácticas en la construcción de convivencia, prevención de violencia, fomento de nuevos enfoques, herramientas y abordajes de atención psicológica y sociales.

El titular del Mined, Carlos Canjura, manifestó que "la convivencia es un tema que debe desarrollar la sociedad en su conjunto, y por supuesto el sistema educativo es parte muy importante de esta sociedad".

Para lo que resta del año, el Mined busca brindar atención psicológica y social a la comunidad educativa de 300 centros escolares de algunos de los municipios con prioridad en el Plan El Salvador Seguro.

El congreso de psicología y educación es organizado por el Mined, a través de la Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales, en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).

El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen más de 600 células en todo el país, a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.