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  • ACAN-EFE

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guatemala presentó hoy una propuesta de "reforma legal integral" al Código Penal que busca, entre otras cosas, actualizar y unificar el reglamento, equilibrar la garantía de los ciudadanos y ponderar la pena y el delito.

La iniciativa, dada a conocer por el presidente de la Comisión, el diputado opositor Comelio García, tiene que ser aprobada por el Congreso, pero el parlamentario incidió que los contenidos se han trabajo desde abril de este año con expertos en derecho penal, nacionales e internacionales, además de otros sectores.

"El documento estará colgado en la página web del Congreso a partir de hoy, abierto a comentarios en el mismo sitio hasta el 13 de noviembre", con el fin de contar con diferentes puntos de vista.

Entre los principales cambios, realizados a un Código que data de 1973, está la "actualización, modernización y unificación" del cuerpo legal bajo otra perspectiva y contexto sociopolítico, por lo que incluye, por ejemplo, figuras nuevas de combate a la corrupción, como el lavado de dinero, que antes tenía una ley especial.

"Equilibra la garantía de seguridad de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos", añade la presentación, en la que se destaca la reivindicación de la figura de la víctima, "priorizando la reparación de los daños causados" y tratando "con dureza los delitos graves", aunque desde el respeto a los derechos humanos de los acusados.

Es por ello que propone eliminar, "en cumplimiento de estándares internacionales sobre derechos humanos", la pena de muerte para los delitos de desaparición forzada, parricidio, magnicidio y ejecución extrajudicial, mientras que establece recuperarla para el secuestro extorsivo si la víctima fallece, durante o como consecuencia del cautiverio.

"La pena de muerte tendrá carácter extraordinario y sólo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales. No podrá imponerse la pena de muerte con fundamento en presunciones, a las mujeres, a varones mayores de sesenta años, a los reos de delitos políticos (...) y a personas cuya extradición hubiere sido concedida".

Se regula también el indulto del presidente, que hasta ahora estaba en un vacío local que provocaba que este castigo no se pudiera haber aplicado desde el año 2000.

En el nuevo texto se incluyen 140 delitos nuevos, como los de ambiente, los socioeconómicos o "los delitos de odio", e incluye el "servicio comunitario" como alternativa a la cárcel con el fin de "resocializar a la persona condenada a través de la realización de actividades no remuneradas en instituciones públicas, educativas, de asistencia o servicio social o en instituciones privadas" no lucrativas.

En los delitos contra la vida se incluye el aborto, que se eximirá de responsabilidad penal si es "derivado de una violación" o si es "resultado de una inseminación artificial no consentida".

"La única condición a que quedan sujetas dichas eximentes de responsabilidad penal es que el aborto se practique dentro de las primeras doce semanas de gestación", especifica la propuesta, promovida por esta comisión parlamentaria y por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.