•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

Arias, presidente en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, se encuentra en la Fiscalía en una audiencia privada y no dio declaraciones a la prensa antes de ingresar a las instalaciones.

La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, quien asumió el cargo el pasado 13 de octubre, reabrió este caso que había sido desestimado por su antecesor, Jorge Chavarría, quien fue suspendido para investigarle por presuntas irregularidades en la desestimación de otro caso.

El caso de Arias se refiere al supuesto delito de prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos) en la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Crucitas, en la zona norte del país, la cual nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro.

Estos decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold.

El anterior fiscal no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fuera su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, quien también firmó los decretos.

En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles por el delito de prevaricato, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó en septiembre pasado.

En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la Fiscalía debía determinar si se imputa a Óscar Arias.

La finca donde se iba a instalar la mina está prácticamente en abandono e invadida por cientos de mineros artesanales que utilizan métodos peligrosos para el ambiente y la salud, como el uso del mercurio para extraer el oro de las rocas.