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  • EFE

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó a la Policía y Fiscalía proteger a dos familia desplazadas por las pandillas y procesar a los responsables, informó hoy el órgano de Estado.

Estas medidas cautelares fueron ordenadas por el Constitucional al admitir sendos recursos de amparo de las víctimas, dado que las autoridades de Seguridad no han tomado "las medidas para el procesamiento de los responsables" ni para "garantizar el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura".

La fuente señaló que, según los escritos presentados por las familias, las autoridades no actuaron para proteger a estas personas, pese a que "tuvieron conocimiento de los hechos" en varias delegaciones de la Policía y Fiscalía.

Añadió que señalan la "omisión" del Congreso, Gobierno y Ministerio Público de emitir leyes, políticas y protocolos para "garantizar la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno".

Con estos suman tres lo recursos de amparo que admite el Constitucional salvadoreño, el primero lo admitió a inicios de octubre pasado y ordenó las mismas medidas a favor de una familia desplazada por amenazas y hostigamiento de la pandilla Barrio 18.

Ante "la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio de los demandantes", los jueces impusieron a la resolución, expediente y proceso el secreto de sumario.

El pasado 14 de agosto, Celia Medrano, activista de la organización de derechos humanos Cristosal, que da apoyo a los desplazados, informó a Acan-Efe que tres familias interpusieron recursos de amparo ante el Constitucional para que el Estado reconozca oficialmente el fenómeno y proteja a las víctimas.

Cristosal, que forma parte de la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia, registró durante los primeros seis meses del 2017 un total de 53 casos de desplazamiento que involucran a 254 víctimas.

De este total, el 78 % fueron desplazados forzosamente por las pandillas y un 6 % abandonaron sus hogares por acciones de miembros de la Policía o el Ejército.

La institución no detalló los generadores del desplazamiento en el porcentaje restante.

La relatora especial de la ONU sobre desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, pidió el pasado 18 de agosto al Gobierno de El Salvador reconocer plenamente el fenómeno de los desplazamientos forzados que generan la violencia de las pandillas y, en ocasiones, las fuerzas de seguridad.

En los últimos años, el Gobierno salvadoreño no ha reconocido oficialmente los desplazamientos forzados al punto de restar importancia a informes internacionales, una situación que han denunciado organizaciones sociales.

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