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  • EFE

La Ley de Fiscalización de Campañas Políticas de Honduras, que entró en vigencia a pocos meses de las elecciones del próximo domingo, debe ser más socializada para que tenga los resultados que se espera de ella, dijo hoy el analista Filadelfo Martínez.

"Creo que hay que revisar un poco la ley, pero más que eso hacer una socialización. Me parece que es un paso positivo, de eso no tengo duda", indicó a Efe Martínez, quien además es uno de los directivos de la organización Democracia sin Fronteras.

Martínez enfatizó que la nueva norma legal, derivada de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, de 2016, "se aprobó tarde, el mismo año de las elecciones, a pocos meses de las votaciones, por lo que no hubo posibilidades de socializarla".

Pese a eso, Martínez considera que sí "hubo posibilidad en este proceso de socialización de derribar las desconfianzas lógicas que hay después de años de tener campañas electorales abusivas", en alusión a la falta de transparencia, sin rendición de cuentas al pueblo, que tradicionalmente ha habido en la política hondureña.

El analista comentó que quizá por la falta de socialización, miedo o falta de recursos económicos en las presentes elecciones ha habido muy poca propaganda política, lo que contrasta con los gastos millonarios en procesos electorales anteriores, en un país marcado por la pobreza, flagelo que afecta a más del 60 % de los hondureños.

Además, señaló que la propaganda de la oposición ha sido muy poca, en comparación con la del gobernante Partido Nacional, que lleva como candidato a las elecciones al actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.

Martínez indicó que entre algunos hondureños se ha percibido miedo a denunciar lo que podrían ser irregularidades en el proceso electoral, pero que en sí la Ley de Política Limpia "puede llevar a hacer más transparentes los procesos electorales" de Honduras en el futuro.

Desde que el país retornó a la democracia en 1980, tras casi 20 años de regímenes militares, se han celebrado nueve elecciones generales, algunas de las cuales fueron salpicadas por denuncias de financiación a partidos y candidatos a cargos de elección popular por el narcotráfico, lo que ninguna autoridad investigó.

La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos es respaldada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según fuentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más de 16.000 observadores nacionales y unos 560 internacionales seguirán los comicios generales del domingo, a la que están convocados 6,1 millones de los casi nueve millones de habitantes que tiene el país centroamericano.

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