•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

El Banco Nacional, uno de los más poderosos de Costa Rica, anunció hoy que cerrará las cuentas de los conductores del servicio de transporte Uber, al tratarse de una actividad considerada ilegal por las autoridades del país.

El Banco Nacional (estatal) informó que advertirá del cierre de sus cuentas a los conductores de Uber con diez días de anticipación, con el fin de que decidan si toman medidas para mantener su relación con la entidad.

La entidad bancaria aclaró que esta situación no afectará otras operaciones que estas personas pueden tener con la entidad como préstamos o tarjetas de crédito.

La institución explicó que esta decisión se toma en respeto a la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas; la cual obliga a los bancos a verificar que el origen de los fondos de sus clientes sean legales.

"Los ingresos que provengan de esa actividad no son legales y rigen contra la Ley 8204 y el banco responsablemente les comunica que deben de dejar de ingresar dineros a sus cuentas productos de esas actividades, o de lo contrario tendríamos que romper la relación comercial con ellos", agregó el banco en un comunicado.

El Banco Nacional aseguró que no se trata de una persecución directa contra los chóferes de Uber y que los usuarios de la plataforma sí pueden hacer los pagos del servicio desde sus cuentas sin consecuencia alguna.

Sobre la cantidad de cuentas que podría cerrar, el banco informó que no tiene una estadística al respecto.

Esta es la primera institución financiera que hace una advertencia de este tipo en Costa Rica.

El Gobierno costarricense ha calificado el servicio de Uber como ilegal desde su llegada al país en agosto de 2015, pues representa una competencia desleal para los taxistas regulados por el Estado en asuntos como tarifas y seguros.

A pesar de múltiples protestas del gremio de taxistas, compuesto por unos 11.000 conductores, la plataforma digital de transporte se ha mantenido operando e incluso se han registrado hechos de violencia contra sus chóferes.

Los conductores afiliados a Uber, que la empresa calcula en unos 16.000, se exponen a multas económicas y hasta a la pérdida de su matrícula o vehículo.

Bloquear la aplicación tecnológica, como lo han exigido muchas veces los taxistas, no es una opción factible, ya que se trataría de una censura a Internet, han dicho repetidamente las autoridades.

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