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El gobierno hondureño está desplegando tácticas “peligrosas e ilegales”, como arrestos y ataques, para silenciar a la población disidente después de las elecciones del pasado 26 de noviembre, señaló ayer Amnistía Internacional (AI) en un reporte.

Se está llevando a cabo un “mecanismo de control de las protestas para limitar el ejercicio de libertad de expresión”, afirmó a EFE la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

Una delegación de Amnistía viajó a la capital del país, Tegucigalpa, para encontrarse con activistas y víctimas de violaciones ocurridas en el marco de la crisis poselectoral y el estado de excepción decretado por el gobierno hondureño el día 1 de diciembre.

El país centroamericano vive una crisis política desde el día de las elecciones, cuando tanto el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, como el candidato del gobernante Partido Nacional y actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández, se autoproclamaron presidente electo.

El registro definitivo en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó a Hernández, quien por ley todavía no puede ser declarado presidente electo, con el 42.98 % de los votos y a Nasralla, quien acusa fraude electoral, con el 41.38 %.

Amnistía, que también mantuvo encuentros con integrantes de la Policía Nacional y de la oficina del ombudsman, indica que las fuerzas de seguridad han empleado gas lacrimógeno y, en ocasiones, armas de fuego.

800 detenidos

Han perseguido y arrestado a manifestantes y los niveles de violencia son “comparables a aquellos que siguieron al golpe de Estado de 2009”, defiende el texto.

Guevara-Rosas comenta que AI ha verificado que se han producido “800 detenciones, de las cuales 500 fueron durante el toque de queda” decretado en el país y el resto en manifestaciones.

En ocasiones, los detenidos son presentados ante la autoridad ministerial señalados como responsables del delito de robo agravado, pero sin evidencias, precisa.

También se ha registrado la detención de nueve menores, que acusados por robo agravado fueron puestos en libertad bajo proceso y bajo la prohibición de que participen en manifestaciones.

De acuerdo con un defensor entrevistado por AI, el acoso y los golpes durante las manifestaciones son habituales en Honduras, pero “en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles”.