•   San Salvador, El Salvador  |
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  • EFE

Dos médicos expertos cuestionaron hoy en El Salvador la autopsia con la que un tribunal condenó a 30 años de prisión en 2008 a Teodora Vázquez por homicidio agravado y que, de acuerdo con organizaciones sociales, fue por abortar.

Durante el segundo día de una audiencia especial de revisión de pena, la defensa de Vázquez presentó los informes y testimonios de Aleida Marroquín, experta en ginecología y que ha trabajado con Médicos Sin Frontera, y del forense guatemalteco Mario Ochoa.

Ambos médicos advirtieron en sus informes, en los que analizaron la autopsia efectuada al cadáver del neonato, la ausencia de elementos que respalden la conclusión del forense del estatal Instituto de Medicina Legal (IML) de que se dio un "infanticidio".

"Hay deficiencias que pudieron haber incidido" porque "no hay datos en la necropsia que corroboren que el niño haya respirado", dijo Ochoa a la prensa, tras testificar ante el Tribunal Segundo de lo Penal de la capital salvadoreña.

En la audiencia, que inició con retraso y cerca de las 9.00 hora local (15.00 GMT), también testificó el médico forense que practicó la autopsia y que, a preguntas de la fiscal del caso, ratificó el referido dictamen.

Vázquez, según el relato de organizaciones sociales que la respaldan, "experimentó una emergencia obstétrica" en julio de 2007 y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, tuvo un parto "extrahospitalario en los baños" de la escuela en la que trabajaba.

En el junio de 2016, miembros de Amnistía Internacional (AI) se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y le presentaron 250.000 firmas "exigiendo la libertad para Teodora"

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.

En octubre de 2016, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, contrario a la oposición, que ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

En el país centroamericano unas 30 mujeres, al no poder ser acusadas de abortar, fueron condenadas a penas de entre 30 y 12 años de prisión por delitos como homicidio agravado, según datos de las organizaciones.