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El pulso que mantuvieron el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, y el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, dominó 2017, un año marcado por la eterna lucha contra la corrupción, que salpicó al propio mandatario.

Nada más empezar el año, Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente del país, respectivamente, fueron acusados por defraudar al Estado en el año 2013 y ahora esperan conocer la fecha en la que iniciará el juicio en su contra.

Este caso, junto con más de una decena destapados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Cicig, demostró que la lacra de la corrupción salpica a los tres poderes del Estado, mientras estas dos entidades continúan con la lucha emprendida en 2015 para combatirla.

Una de las acusaciones más paradigmáticas fue la de financiación electoral ilícita contra el presidente durante la campaña que lo llevó al poder, la de 2015 −cuando actuaba como secretario general de partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) − aunque los intentos para retirarle el aforamiento para investigarlo fueron rechazos por el Congreso. 

Pero el punto de inflexión se produjo unos días después de este señalamiento, cuando Morales sorprendió a la población al decidir en agosto declarar non grata al titular de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, ordenando su expulsión del país por considerar que actuaba con injerencia en asuntos internos del país. 

Una decisión que la Justicia derogó, aunque no evitó que empezara un diálogo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, ente que auspicia a la Cicig, para solucionar las controversias, aunque por el momento no se conocen los avances de estas conversaciones.        

En medio de esta crisis política, los diputados, en el denominado Miércoles Negro o Pacto de Corruptos, intentaron sin éxito aprobar unas reformas al Código Penal que, entre otras cosas, eximían a los secretarios generales de los partidos políticos de cualquier tipo de responsabilidad. 

Reacción

Estas decisiones provocaron el despertar de la ciudadanía, que volvió a salir a la plaza donde germinó su espíritu en 2015 para demandar renuncias y responsabilidades por unas decisiones que iban en contra del desarrollo del país y que lastraban aún más a una población sumida en la pobreza, la desnutrición y la desigualdad.  

Y es que Guatemala sigue teniendo el número de niños con desnutrición crónica más alto de América Latina −casi el 50%−, una de las cifras más elevadas de trabajo infantil −más de 750,000 menores−, y es uno de los países más desiguales del mundo, pues el 1% más rico de la población tiene un ingreso igual a la suma del 40% más pobre.

Esta situación se acentúa aún más si se habla de pueblos indígenas. Representan más de la mitad de la población guatemalteca, pero 4 de cada 5 indígenas viven en la pobreza, lo que representa 1.7 veces más que la población no indígena.

Aunado a esta situación, durante 2017 varias comunidades fueron desalojadas de sus tierras, según ellos denuncian de forma ilegal y según las autoridades gubernamentales en cumplimiento a órdenes judiciales. 

En lo que sí han coincidido organismos internacionales y nacionales es en denunciar la falta de previsión y de respuesta para estas personas, que se ven obligadas a migrar, en algunos casos hacia México.