•   San José, Costa Rica  |
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  • AFP

Un tren eléctrico urbano, inversión en infraestructura, y más policías para combatir la delincuencia figuran entre la oferta electoral que plantearon en un debate los aspirantes presidenciales de Costa Rica en las elecciones de febrero.

Los 13 candidatos participaron en un debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) divididos en dos grupos, las noches de domingo y lunes pasados, para exponer y contrastar sus propuestas para los comicios del 4 de febrero.

Aunque el formato del diálogo dio poco espacio a la confrontación directa, varios candidatos usaron el debate para atacar al abogado Juan Diego Castro, del minoritario Partido Integración Nacional (PIN), quien encabeza las encuestas de intención de votos.

"Usted es un lobo con piel de oveja, usted es un peligro para este país", le espetó a Castro el aspirante Antonio Alvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), el más grande y organizado del país, quien ha ido declinando en las encuestas.

Castro le devolvió el ataque al calificar a Alvarez de "mentiroso", en uno de los pocos momentos de pirotecnia en la discusión.

Una encuesta de la Universidad de Costa Rica, divulgada el 20 de diciembre, puso a Castro como el candidato con mayor apoyo con 18%, seguido de Alvarez con 14% y el socialcristiano Rodolfo Piza con 13%.

Con 34% de indecisos en la encuesta, realizada del 4 al 13 de diciembre entre 1,578 personas y un margen de error de 2,5%, analistas consideran que el terreno está abierto para que un candidato con poco respaldo surja como favorito en la recta final de la contienda.

Si ninguno alcanza al menos 40% de los votos, habrá una segunda ronda el 1 de abril entre los dos más votados.

Las dos jornadas de debates dejaron entrever como temas de preocupación la seguridad ciudadana y el rescate del régimen estatal de pensiones.

"Cero tolerancia contra los delincuentes", planteó el diputado Otto Guevara, postulado por el Movimiento Libertario, en respuesta al crecimiento de la violencia criminal, que el año pasado dejó 603 homicidios, el más alto de la historia.

Por su parte, el legislador Oscar López, del conservador Partido Accesibilidad sin Exclusión planteó un impuesto a la cerveza para financiar el régimen de jubilaciones, que está al borde del colapso.