•   San Salvador, El Salvador  |
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  • EFE

La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, dijo hoy que las supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los cuerpos de seguridad son cometidas de manera "organizada".

"Los casos al parecer no son conductas reactivas, sino que son casos bien organizados y eso es más preocupante", advirtió Caballero en una entrevista con una radio local al hablar sobre las investigaciones que realiza.

Lo anterior en referencia a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) "en los cuales se tiene indicios de participación de elementos de la Policía".El Salvador es uno de los países más violentos en el mundo. Archivo/END Caballero también destacó la importancia de la visita que realizará entre el 25 de enero y 5 de febrero la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien se reunirá con el presidente Salvador Sánchez Cerén, par investigar las denuncias.

La ONU detalló que la experta evaluará la "estrategia de seguridad del Estado y los abusos cometidos por actores no estatales", de igual forma investigará "programas designados a abordar y prevenir los asesinatos" de mujeres, comunidad LGBTI, migrantes, periodistas y defensores de DD.HH. (Derechos Humanos)".

La visita se da cuando el país ha vivido, según diversas organizaciones sociales, un retroceso en derechos humanos a raíz de una serie de medidas "extraordinarias" de seguridad contra las pandillas.

A mediados de noviembre de 2017, el alto comisionado de DD.HH. de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, visitó el país y al cierre de su estancia se mostró alarmado por las supuestas ejecuciones extrajudiciales y el retorno a El Salvador de "escuadrones de la muerte" similares a los que operaron durante la guerra civil (1980-1992).Las autoridades de derechos humanos en El Salvador investiga supuestas ejecuciones policiales. Archivo/ENDSolo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 40 presuntas ejecuciones a manos de uniformados registradas entre enero y mediados de agosto pasado, que se suman a las 119 investigadas entre 2013 y 2016.