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  • EFE

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA denunció hoy un "pacto de impunidad" en el país tras la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto para "frenar" las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del Parlamento, Mauricio Oliva.

El portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, dijo que el 18 de este mes el Congreso Nacional reformó los artículos 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Esa reforma, añadió, establece un "nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)".

Además, designa la auditoría de esos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma, y extiende el proceso de liquidación "retroactivamente" a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, señaló Jiménez, en una rueda de prensa, acompañado por miembros del equipo de la Maccih.

 El diputado del Partido Nacional Tomas Zambrano juramenta como presidente del poder legislativo a Mauricio Oliva

La disposición señala que mientras el TSC realice la auditoría e investigación especial "no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal", añadió.

"Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos", señaló Jiménez.

Además, busca que la documentación incautada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público de Honduras y la Maccih en la Secretaría de Finanzas el 29 de noviembre de 2017 sea entregada al TSC "impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables del ilícitos penales en poder de la Fiscalía".

También busca atribuir al TSC la determinación de "la responsabilidad penal de los ilícitos que se encuentren respecto a altos funcionarios, invadiendo las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y del poder Judicial", precisó Jiménez.

Esa reforma es una "pretensión inconstitucional que busca imponer un requisito de procedibilidad de la investigación y de la acción penal que contraviene el artículo 232 de la Constitución" e "infringe" el artículo 232 de la Carta Magna, pues ordena el "previo dictamen favorable" de la Corte Suprema de Justicia al reformarse el Código Procesal Penal al eliminar el ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía, apuntó.

Jiménez indicó que la investigación conocida como "Red de Diputados", que no solo investiga a cinco diputados acusados de malversación de caudales públicos, suspendidos de manera provisional del cargo en diciembre pasado, sino también a "más de 60 diputados y exdiputados, incluyendo al propio presidente del Congreso Nacional (Mauricio Oliva)".

Y "a altos funcionarios del poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG, quedaría sin efecto generando la impunidad de todos los involucrados".

La reforma podría dar lugar a "interpretaciones tendenciosas que pudiesen provocar una posible excarcelación" de personas condenadas en el caso del millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social como su último director, Mario Zelaya, al "aplicarse la ley de forma retroactiva", señaló.

Dijo además que el TSC "no brinda las garantías" para realizar investigaciones técnicas, y que la decisión del Parlamento "afecta la lucha contra la corrupción" en Honduras.

La Maccih denunció también que el pasado 18 de enero el Congreso Nacional aprobó el Código Penal, que "reduce penas a los delitos de corrupción".

La lucha contra la corrupción y los compromisos del Estado de Honduras "obligan a la derogatoria inmediata de la norma en cuestión o la declaratoria de su inconstitucionalidad por la Sala Constitucional de la Corte Suprema a petición de la Fiscalía General", agregó.

La Maccih indicó que este es un "hecho extremadamente grave" que afecta la labor de la misión anticorrupción, instalada en Honduras en abril de 2016, por lo que ha iniciado consultas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para "verificar las rutas de acción futuras" con relación al trabajo que realiza en Tegucigalpa.

Además, considera esta acción como "una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia" del poder Judicial y el Ministerio Público, "impidiendo el combate a la corrupción y generando un pacto de impunidad" que el pueblo hondureño debe conocer.