•   Tegucigalpa, Honduras  |
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  • EFE

La Corte Suprema de Justicia de Honduras defendió hoy la independencia judicial de sus jueces y magistrados y rechazó cualquier acción que implique "algún tipo de prisión e insinuación" de personas o instituciones nacionales e internacionales para tratar de "influir" en sus resoluciones.

En una rueda de prensa, acompañado del pleno de magistrados, el titular del Supremo hondureño, Rolando Argueta, dijo que el poder judicial es "garante del cumplimiento del debido proceso, la paridad de las partes y de la aplicación de las normas jurídicas que conforman el sistema normativo interno".

"Reafirmamos el compromiso con la Justicia, el accionar objetivo en base a la ley y el respeto al debido proceso en autonomía e independencia como corresponde a un Estado de Derecho", indicó el Supremo hondureño en un comunicado leído por Argueta.

El titular del Supremo hondureño afirmó la "enfática y determinante posición de salvaguardar en todo momento la independencia judicial". Ante ello, el poder Judicial "condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos nacionales o internacionales, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia", añadió.

Las declaraciones de Argueta ocurren horas después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA solicitó a la Sala Constitucional que declare inconstitucional una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada la semana anterior por el Parlamento para "frenar" las investigaciones a altos funcionarios y diputados.

"La lucha contra la corrupción y los compromisos internacionales del Estado de Honduras obligan a la derogatoria inmediata de la norma en cuestión o la declaratoria de su inconstitucionalidad por la Sala Constitucional de la Corte Suprema a petición de la Fiscalía General", indicó esta mañana el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, en rueda de prensa

La reforma, según Jiménez, pretende "frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos". Además, "infringe" la Constitución, pues ordena el "previo dictamen favorable" de la Corte Suprema de Justicia al reformarse el Código Procesal Penal al eliminar el ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía.

El Supremo hondureño resaltó "la fundamental independencia judicial, lo que implica por principio de legalidad el respeto de las disposiciones constitucionales respecto de las atribuciones y competencias de cada uno de los poderes o instituciones del Estado, entre los cuales no existe sometimiento ni jerarquía".

Por tanto, añade, las acciones de los órganos jurisdiccionales están "revestidas de objetividad y estricta observancia de lo establecido" en la legislación local.

Enfatizó que la potestad de impartir justicia "emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes".

El portavoz de la Maccih, instalada en Honduras en abril de 2016, aplaudió el comunicado del Supremo hondureño que defiende "el principio de independencia frente a indebidas injerencias normativas que afectan sus atribuciones constitucionales de impartir justicia en el país".