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  • EFE

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron hoy una solicitud de desafuero contra un juez y otra contra el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, acusados de participar en un caso de corrupción.

A Alejos, diputado en el Congreso por el partido opositor TODOS, se le acusa de los delitos de "tráfico de influencia y cohecho activo", pues según explicó la fiscal, Thelma Aldana, era uno de los intermediarios de una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones.

A Adrián Rodríguez, a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, lo acusan de prevaricato y denegación de Justicia, pues supuestamente emitió sentencias contrarias a la ley y fundadas en "hechos falsos" para favorecer los intereses de esta estructura, conocida como "Traficantes de Influencias".

Inngmar Iten Rodríguez

El juez y el diputado están acusados de participar en esta trama que se dedicaba a "agilizar la tramitación de expedientes de devolución fiscal" a cambio de comisiones económicas con una estructura que incluía al operador, al exfuncionario Giovanni Marroquín Navas, intermediarios y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Marroquín, en prisión preventiva por el caso de corrupción aduanero "La Línea", era el "enlace" entre los funcionarios de la SAT y los intermediarios con las empresas, pues fue quien "negoció, ofreció y dio beneficios económicos" a los empleados públicos para "alterar el orden cronológico de los expedientes" administrativos.

Jorge Mario Morán Sosa.

Según la investigación preliminar -por el que ocho personas fueron detenidas, cuatro citadas a declarar y 10 están prófugas- en los años 2011, 2013 y 2014 se agilizó el trámite de 30 expedientes de 9 clientes, es decir, 9 empresas.

Alejos "formó parte de los agentes externos" de la organización criminal, aseguró Aldana, al señalar que éste ofrecía "servicios de gestión" ante la SAT para agilizar las solicitudes a cambio de "comisiones ilícitas".

En cambio el juez, dijo la fiscal, se cree que "a sabiendas y con toda determinación" emitió una resolución "contraria a la ley" y "fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal" a uno de los clientes de esta trama, la empresa Aceros de Guatemala, S.A.