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  • AFP

El Congreso de Guatemala quedó acéfalo este lunes luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, anuló a la recién electa junta directiva al estar integrada por una diputada tránsfuga, algo que prohíbe la ley electoral, informó una fuente oficial.

El fallo establece un nuevo llamado a elecciones en el Poder Legislativo en "un plazo no mayor de ocho días", dijo en conferencia de prensa Martín Guzmán, secretario general de la CC.

Guzmán explicó que los magistrados otorgaron "un amparo provisional" a favor de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, que impugnó la elección de la junta directiva que tomó posesión el pasado 14 de enero para un período de un año.

Álvaro Arzú. Cortesía/END

Acción Ciudadana reclamó que en la directiva, presidida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, del derechista Partido Unionista, cuatro congresistas no podían integrarla al haber cambiado de partido, una recurrente práctica de transfuguismo que fue regulada en 2016 por el Congreso.

La CC estableció que de los cuatro señalados, la diputada Mayra Carillo se cambió del desaparecido y exgobernante Partido Patriota al Bloque Legislativo Reformador el 15 de marzo de 2016, días después de que entró en vigencia una reforma que restringe la elección de diputados tránsfugas para integrar la directiva, dirigir una comisión y representar al Congreso.

"Lo que propende la decisión es (...) a generar de nueva cuenta a un proceso eleccionario con el objeto de integrar una junta directiva en la que no estén incluidos diputados que tengan esa prohibición" de transfuguismo, agregó el secretario de la CC.

La junta directiva, ahora anulada, fue criticada por organizaciones sociales y la fiscal general Thelma Aldana, al señalar que estaba integrada por diputados que favorecieron la impunidad e intentaron frenar la lucha contra la corrupción.

El septiembre pasado, diputados del oficialista FCN-Nación y aliados blindaron al presidente Jimmy Morales al evitar que se le retirara la inmunidad para investigarlo por sospecha de financiamiento ilegal de su campaña, un pedido hecho por la fiscalía y una comisión antimafias de la ONU.