•   San José, Costa Rica  |
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  • ACAN-EFE

El Congreso de Costa Rica aprobó hoy en el primero de dos debates necesarios, un proyecto de ley que habilita el trabajo comunitario para que cierto tipo de condenado no cumpla su pena en prisión.

Este proyecto de ley, aprobado por los 38 diputados presentes en la sesión de hoy, permite la posibilidad de que los presos hagan trabajo comunitario, algo que estaba totalmente prohibido en el artículo 56 del Código Penal.

El proyecto de ley establece que podrán optar por el trabajo comunitario los sentenciados a menos de 5 años de prisión, que al cometer el delito no hayan utilizado armas o violencia, que no cuenten con otros antecedentes penales y que el delito no esté tipificado como crimen organizado, de carácter sexual o contra la vida.

"¡Este es un gran día para el sistema penal costarricense!", declaró hoy en sus redes sociales el ministro de Justicia y Paz, Marco Feoli, quien agradeció a los diputados de diferentes partidos que apoyaron la iniciativa.

El ministro celebró la aprobación en el primer debate, pues afirmó que el proyecto lleva "el sello de muchos actores" y que "incorpora las penas de utilidad pública para los delitos no violentos".

"Es un avance gigante. Los jueces contarán con un nuevo elenco de sanciones que favorecerán la reinserción social. Queda mucho por hacer, pero, sin duda, hemos logrado un cambio estructural en el que el mérito es de todos los que creen que un sistema penal más racional es posible. Con esta reforma nos ponemos a tono con los tiempos", aseguró el ministro.

En los últimos años las instituciones costarricenses han tratado de reducir el hacinamiento en las cárceles con medidas alternativas que permiten a los reclusos cumplir su condena o parte de ella fuera de prisión, como lo son el uso de dispositivos de seguimiento GPS y cierto tipo de libertad condicional.

Estas medidas han sido duramente criticadas por sectores políticos y de la sociedad que consideran se favorece la inseguridad del país.

Costa Rica tiene una capacidad para cerca de 9.000 presos, pero en las cárceles hay más de 13.000, según los datos oficiales.