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  • EFE

La salvadoreña Teodora Vásquez, condenada a 30 años de prisión por abortar, recuperó hoy su libertad tras recibir la conmutación de la pena por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Justicia, después de pasar 10 años encarcelada y haber sido negada la liberación en varias ocasiones.

La libertad de Vásquez sorprende al país poco más de dos meses después de que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ratificó la condena a 30 años de prisión dictada en 2008, en una audiencia de revisión de pena.

Vázquez -quien no ha dado declaraciones-, según el relato de organizaciones que la respaldan, "experimentó una emergencia obstétrica" en julio de 2007 y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, tuvo un parto "extrahospitalario en los baños" de la escuela en la que trabajaba.

En aquella audiencia testificaron dos médicos expertos, incluido un guatemalteco, llevados por la defensa que evaluaron la autopsia en la que se basaron los jueces en 2008 y señalaron diversas "deficiencias".

Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, los jueces del Supremo dieron luz verde a la liberación este jueves porque "existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican el favorecerla con la gracia de la conmutación".

Representantes de la organización no gubernamental sostuvo que los juzgadores consideraron que "la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que se estaba gestando".

La entidad recordó que este no es el primer caso en el que una mujer condenada por supuestamente abortar por el mismo tribunal recibe la conmutación de la pena.

En 2005, Isabel Cristina Quintanilla, condenada a 30 años de prisión por "hechos similares" a los que vivió Vásquez y a quien por ser "excesiva, desproporcionada e injusta" le fue conmutada a 3 años.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta de la interrupción del embarazo.

En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una "moratoria" para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.