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  • ACAN-EFE

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionó la ley 7 que establece medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios, con el fin de erradicar el hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo en los diferentes entornos sociales, informaron hoy fuentes oficiales.

La ley, aprobada el pasado 28 de abril por el pleno legislativo, también busca proteger el derecho al trabajo en condiciones de equidad y establecer políticas públicas para prevenir esos actos, de acuerdo a convenios establecidos de Derechos Humanos ratificados por el país.

El documento, publicado hoy en Gaceta Oficial bajo la denominación de Ley 7 de 14 de febrero de 2018, señala que la disposición de orden público obliga a todas las personas naturales o jurídicas, servidores públicos y estudiantes a regirse por la nueva norma; por lo que las acciones mencionadas dadas en el ámbito educativo, laboral y comunitario serán sancionadas,

Las entidades encargadas de promover programas educativos y evaluar el progreso de la ley serán el Ministerio de Educación, la estatal Universidad de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Mientras tanto, las multas por el incumplimiento de las medidas dispuestas por parte de empleadores, superiores jerárquicos de la víctima en instituciones públicas, centros educativos públicos o privados, gremios y organizaciones serán desde 550 dólares hasta los 1.000 dólares.

Actualmente, el Código Penal panameño solo se ocupa de casos de hostigamiento que contengan motivaciones sexuales, mas no del acoso moral o la intimidación escolar.

En caso de que la persona sea menor de edad, los progenitores o los que tengan la patria potestad podrán interponer la demanda.

El procedimiento para investigar y resolver los casos será expedito, efectivo y confidencial y no se podrá exceder el plazo de tres meses, contando a partir de la interposición de la denuncia.

La iniciativa presentada desde el 2015 por la diputada independiente Ana Matilde Gómez, generó en su momento ciertas críticas por el contenido de la ley, dado por la existente cultura sobre el acoso callejero.

Países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Colombia ya cuentan con legislaciones similares.