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El diario LA TRIBUNA de Honduras informó que según las “investigaciones realizadas por agentes de investigación de la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufeci), bajo la dirección fiscal del Ministerio Público, se desprende que esta organización delincuencial realizó sus operaciones en la zona central del país, la cual fue liderada por la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien en la función que ejerció como primera dama de la nación, durante el período comprendido del 27 de enero del 2010 al 27 de enero del 2014 era la encargada de manejar fondos públicos, los cuales destinó para múltiples actividades, entre ellas de índole personal”.

Se sabe que estas operaciones fueron realizadas en un solo banco, pero EL NUEVO DIARIO no logró confirmar anoche en cuál banco fue.

Las cuentas

“Del análisis de los débitos de la cuenta número 001-102-00050790 se han logrado identificar hasta el momento y durante el período comprendido entre el 7 de octubre del 2001 al 22 de febrero del 2014 la sustracción irregular de 16,825,401.38 lempiras mediante la emisión de 40 cheques a nombre de Orvin Naún García Flores, Daryl Damián Soto Durón, Glenda Patricia Valle López, Alex Salomón Romero Fong, Daury Daniel Guerrero Ramos, Ireska Beatriz Valle Oliva, Julio Josué Galdámez Figueroa, Saúl Fernando Escobar Puerto y Rosa Elena Bonilla Ávila. Asimismo, detalla una serie de pagos por el orden de 300, 261.81 lempiras en nueve cheques por distintas cantidades, a nombre de personas naturales y sociedades mercantiles, que según la investigación son gastos personales”, revela el periódico hondureño.

Modo de operar

Consignan que “la señora acusada coordinó con un grupo de personas con las cuales llevó a cabo las actividades delictivas, información que se corroboró por las investigaciones realizadas en el presente caso, lográndose establecer que en efecto, personas naturales y jurídicas recibieron cheques sin justificación legal alguna de parte del Despacho de la Primera Dama, en vista de que no eran proveedores, contratistas, ni beneficiarios de ningún proyecto social de los que manejó el despacho”.

“Estas personas fueron contratadas por el occiso Julio Josué Galdámez Figueroa, empleado del Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito al programa de Desarrollo Comunitario (Udeco), programa de ayudas sociales que dependía de la Presidencia, pero ejecutado nominalmente por el Despacho de la Primera Dama, donde ejercía funciones de asistente de Manuel Mauricio Mora Padilla, cuñado de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, quien a su vez, se desempeñó como director del Programa de Desarrollo Comunitario (Udeco)”. Militares hondureños y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) escoltan a la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla. EFE/END

“El occiso Julio Josué Galdámez Figueroa utilizaba a diversas personas a quienes contactaban a cambio de beneficio económico y previo a entregar los cheques al señor Saúl Fernando Escobar Puerto, en su condición de coordinador de los programas sociales de Udeco, firmaba contratos de entregas de zapatos y demás documentos relacionados a fin de justificar las erogaciones de dinero, quienes para cambiar los cheques que emitía la acusada de las cuentas número 001-102-00050790 y 6536603 a nombre de personas que en compañía de Julio Josué Galdámez Figueroa se trasladaban a las oficinas de banco a cambiarlos y una vez obtenido el dinero en efectivo, lo entregaban al hoy occiso Julio Josué Galdámez Figueroa y a Manuel Mauricio Mora Padilla”.

Otro punto del requerimiento fiscal, señala que “Julio Josué Galdámez Figueroa fue representante legal de la empresa Inmobiliaria M&B, en la cual figuró como socia la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, quien actualmente está desligada totalmente desde el 2011.​

“Según la escritura pública de constitución de la empresa inmobiliaria M&B de fecha 11 de febrero del 2011, el ahora imputado Manuel Mauricio Mora Padilla fue comisario de dicha empresa. En el año 2014, el occiso Julio Josué Galdámez Figueroa vendió las acciones de la empresa al señor Jesús Alex Vásquez Mondragón, quien el 21 de febrero, 11 de abril y 11 de mayo recibió tres cheques por 740 mil lempiras, emitidos por la acusada…”.

Según el requerimiento fiscal, otra empresa que recibió 7,000 lempiras de la cuenta de la imputada “es la Inmobiliaria Monserrat SA de CV, adquirida posteriomente por la acusada a los señores Saúl Fernando Escobar y Perla Waleska Cáceres García. Durante el período de creación de la referida empresa hasta el momento que es vendida a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila acumuló activos superiores a cuatro millones de lempiras”.Rosa Elena Bonilla fue capturada por presunta corrupción. EFE/END

Acusación

Según los fiscales, en el punto “preceptos jurídicos aplicables a los delitos imputados, la conducta de la imputada Rosa Elena Bonilla Ávila es constitutiva de delito de malversación de caudales públicos”.

En el requerimiento contra los imputados “se le atribuye el delito de malversación de caudales públicos… apropiación de bienes del Estado… fundamentado en que se incorpora el patrimonio público al patrimoniopersonal… el delito de malversación es de carácter especial de funcionario”.

Sobre el lavado de activos, el requerimiento fiscal establece que la acusada “con la finalidad de ocultar el dinero que obtuvo como resultado de la malversación de caudales públicos, ejecutó acciones tendientes a impedir la determinación del origen, el destino o movimiento de activos provenientes de una actividad ilícita, con la finalidad de darle apariencia de legalidad tuvo la necesidad de ocultar los bienes, cambiando su ubicación al proceder a transferir el dinero a terceras personas en el entendido que sería solo una forma de ocultar o encubrir el verdadero origen de los bienes, acciones que realizaron a cambio de un pago mínimo, permitiendo que se emitieran cheques a su nombre”.

Asimismo, “la acusada con la facilitación de los acusados Manuel Mauricio Mora, Saúl Fernando Escobar Puerto y el occiso Julio Josué Galdámez realizaron una estructuración o fraccionamiento en las presentes acciones, contactando a varios individuos para emitir cheque a sus nombres, que aisladamente no representaran una cuantía considerable, pero en su conjunto construyeran una suma importante de dinero, siendo este su modus operandi”.“El lavado de dinero se enmarca en lo que se denomina moderna criminalidad organizada y en particular, lo que se conoce como delincuencia institucionalizada distinta de la delincuencia tradicional en planteamiento, forma de actuación, objetivos y fines, desarrollada a gran escala en el ámbito de actuación supranacional con todo un catálogo de múltiples actividades delictivas”, indica el requerimiento.

Señala que “la acusada se apropió de fondos públicos y sabiendo que dichos bienes procedían de una actividad delictiva, trató de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos. La señora Rosa Elena Bonilla Ávila ejerciendo su función como primera dama de la nación, recibiendo un salario de casa de gobierno y conociendo el funcionamiento del aparato administrativo, le permitió conocer a perfección las fallas de los controles administrativos, las debilidades de la ley, en consecuencia su accionar fue el resultado de un plan preconcebido el cual consumó, en su totalidad con la participación de terceras personas, entre ellos su cuñado, Manuel Mauricio Mora Padilla, quien se desempeñó como director del Programa de Desarrollo Comunitario (Udeco).