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Una jueza hondureña dictó ayer formal procesamiento por malversación de caudales públicos y lavado de activos contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), capturada en Tegucigalpa el 27 de febrero por presunta corrupción.

A Bonilla se le declaró formal procesamiento, “a título de autor”, con la medida de prisión preventiva, “por nueve delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública y por lavado de activos”, dijo a periodistas, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.    

También se le concedió a la esposa del expresidente Lobo “un sobreseimiento provisional por el cargo de asociación y confabulación ilícita para el lavado de activos, por el cual el Ministerio Público también había presentado acusación en su requerimiento fiscal”, agregó.    

Además, la misma juez dictó “auto de formal procesamiento con medida de prisión preventiva” contra Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, por los delitos “de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos a título de cómplice”, indicó Duarte.    

Bonilla y Mora fueron capturados, luego de cuatro meses de investigación por parte del Ministerio Público en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).   

Duarte señaló que ahora habrá que esperar la reacción de la defensa de los acusados y del Ministerio Público sobre la decisión judicial contra la ex primera dama y Mora.    

La ex primera dama continuará en prisión en una cárcel de mujeres y Mora en la Penitenciaría Nacional, cercanas a Tegucigalpa, adonde fueron remitidos el mismo día de su captura.   

La larga audiencia inicial contra los acusados comenzó el viernes y continuó el sábado, pero la juez resolvió ese día que se reanudaba ayer.   

Los acusados habrían malversado más de 16 millones de lempiras (alrededor de 674,536 dólares), según la denuncia en su contra, que había sido presentada ante el Ministerio Público en 2017 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).   

Bonilla habría traspasado a una cuenta bancaria personal, fondos de otra cuenta asignados al despacho de la primeradama, para proyectos sociales.