•   San Salvador, El Salvador  |
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  • EFE

Una organización humanitaria de El Salvador demandó este jueves un juicio justo para Imelda Palacios, de 19 años, que sufrió un parto intempestivo, producto de una violación, por el que fue acusada de tentativa de homicidio agravado por una severa ley antiaborto.

"El llamado es a todas las autoridades, a la fiscalía, al Estado en su conjunto (para) que Imelda sea tratada de manera humana y de manera justa", declaró Angélica Rivas, una de las abogadas que le defienden.

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La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapeútico, Ético y Eugenésico (ACDATEE) inició en agosto pasado la lucha para que Palacios sea librada de cargos.

Imelda, tras ser violada reiteradamente por su padrastro desde los 12 años, quedó embarazada en 2016, y después de 37 semanas de gestación, el 17 de abril de 2017, comenzó a sentir dolores en el vientre, por lo que fue a una letrina y al percibir que "algo se le había desprendido" pidió ayuda a gritos y luego se desmayó, relató Rivas. La bebé fue recuperada de la fosa séptica y sobrevivió

Imelda puede recibir hasta 22 años de cárcel por la acusación criminal que afronta en el juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, en el sureste del país.

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El día del parto, cuando Imelda recuperó sus facultades mentales estaba en el hospital de Jiquilisco, "sin comprender lo que había sucedido", pero el personal médico al constatar que había sufrido un parto y que no mostraba a la recién nacida alertó a la fiscalía y la policía.

La fiscalía le acusó de "tentativa de homicidio agravado", le abrió un proceso judicial y se encuentra detenida desde noviembre pasado en el centro penal de San Miguel, en el este del país.

La abogada Bertha de León, que también defiende a Imelda, pide que se le "excluya de responsabilidad penal" en virtud de una prueba de ADN que demuetra que la bebé es hija del padrastro Pablo Henríquez, quien ahora afronta un juicio por violación agravada.

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La prueba de ADN "da un giro importante y beneficioso para el proceso de Imelda, ya que junto al resultado de los peritajes psicológicos y estudio social permitirían fundamentar y alegar un estado de necesidad, que es excluyente de responsabilidad penal y un consecuente sobreseimiento definitivo, tal y como lo consigna el Codigo Penal", precisó Deleón.

Por casos de aborto tipificados como homicidio agravado, el 15 de febrero pasado la Corte de Justicia salvadoreña conmutó una pena de 30 años de prisión a Teodora Vásquez, luego de pasar 11 años encarcelada. El 13 de marzo también recibió el mismo beneficio Maira Figueroa, tras purgar 15 años de una condena de 30.