•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

La Cámara Costarricense- Norteamericana de Comercio (AmCham) afirmó hoy que el déficit fiscal en el país se agrava por el ingreso y alto consumo nacional de productos ilícitos.

Datos de la cámara indican que en Costa Rica se dejan de percibir más de 100 millones de dólares anuales solamente por concepto de contrabando de cigarrillos y licores, a lo que deben sumarse sectores como medicamentos, artículos de cuidado personal, lotería ilegal, neumáticos, alimentos y otros.

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El presidente de la AmCham, Elías Soley, explicó en un comunicado que Costa Rica se encuentra entre los países con mayor nivel de comercio ilícito de la región, por lo que es necesario que la sociedad comprenda la necesidad de contrarrestar esta práctica, debido a las múltiples e incalculables consecuencias en la economía.

"Con cada producto que adquirimos de forma ilícita, estamos financiando redes de crimen organizado, que son quienes manejan el contrabando, la piratería, la pornografía, la trata de personas, el narcotráfico y hasta el terrorismo, situación que representa un serio problema de inseguridad ciudadana", afirmó Soley.

Costa Rica cerró 2017 con un déficit fiscal de 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto y las proyecciones indican que este año finalizará en 7.1 por ciento.

Por lo cual, en el Congreso se discute un paquete fiscal que entre sus iniciativas se encuentra la introducción de la renta global y la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado del mismo porcentaje, que ampliará la base de productos y servicios por gravar.

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Según los empresarios, la unión de los diferentes actores público-privados, que ha sido fundamental para avanzar en la lucha contra el comercio ilícito y se esperan que en los próximos años se obtengan mayores resultados.

La AmCham hizo un llamado al futuro Gobierno del presidente electo, Carlos Alvarado, para que emprendan estrategias constantes y aún más efectivas, que doten de más recursos a la Policía de Control Fiscal y de Fronteras, así como coordinar con los municipios para ejercer acciones conjuntas contra el crimen organizado presente en las comunidades.