•   Ciudad de Guatemala, Guatemala  |
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  • EFE

El ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, José Luis Ralda Moreno, reconoció hoy que 30 oficiales del Ejército en activo están siendo procesados -seis de éstos en prisión preventiva- por distintos delitos como malversación de fondos, ejecución extrajudicial, violación y por narcotráfico.

De los 30 militares procesados, seis se encuentran en prisión preventiva y 24 en arresto domiciliar, de los cuales dos coroneles han sido detenidos en 2018: Otto Fernando Godoy Cordón por su presunta participación con el narcotráfico y Ariel Salvador de León, por haber supuestamente colaborado con la Mara Salvatrucha.

Frente a la bancada del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que llevó a cabo la citación a la plana mayor de la Defensa, Ralda aceptó que es "una vergüenza" -que tomó como propia-, el hecho de que los oficiales de alta investidura incurran en delitos, pero recalcó que, por el momento, son únicamente supuestos pues los casos están bajo investigación.

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El subjefe de bloque de la UNE, el congresista Carlos Barreda, pidió al ministro de la Defensa Nacional un informe de qué pasó con los dos agentes capturados este año y otro sobre las acciones y estrategias de control interno que se tienen dentro de la institución armada, pues "es muy delicado que militares en activo cometan este tipo de delitos".

Ralda contó que Godoy se encontraba "en disponibilidad", sin una tarea específica asignada y sin personal a cargo pese a tener el cargo de coronel y que se dedicaba a labores administrativas.

Barreda insistió en las acciones que tiene el Ejército a mano para identificar estos problemas y si había un seguimiento o control sobre los oficiales que se daban de baja, a lo que el director de Inteligencia Militar -cuyo nombre fue reservado por la institución por seguridad- indicó que la Ley Marco de Seguridad Nacional no les da la facultad de hacerlo y sostuvo que la investigación de ilícitos le corresponde al Ministerio Público (Fiscalía).

Pero Barreda reiteró que "el hecho de que un elemento de la institución esté involucrado con la Mara Salvatrucha (el caso de De León) es un impacto muy grande para el Ejército y la sociedad y no ha encendido la luz roja que mina la confianza en la entidad".

El congresista manifestó que le parecía "muy extraño" la falta de "un pronunciamiento contundente" por el nivel de los delitos que se le señalan a los dos militares procesados este año y advirtió que "es necesaria la reforma a la Ley Constitutiva del Ejército para poder dar mayor seguimiento a las acciones internas y a los elementos retirados".

Apuntó que el Ejército necesita "extirpar los malos elementos y que no se nos vuelva un cáncer", además de que, con la reforma, se evolucione a la milicia hacia "la modernidad, al siglo XXI y se deje de pensar en función de la contrasubversión y del pasado".

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En 20 años no ha habido ningún "brote" guerrillero o de grupos "enemigos del Estado", como en la década de los años 80 o los 36 años del conflicto armado, por lo que debería de "transformarse el Ejército a otra mentalidad y otras funciones", añadió el jefe de bloque de la UNE, Orlando Blanco.

El cambio podría impedir que haya una institución castrense "de pies descalzos y que esté bien equipado, cambiando el chip de hace 20 años, tras la firma de la paz", concluyó.

Finalmente, Barreda también cuestionó los aumentos al presupuesto a la cartera de la Defensa en los últimos dos años, "la entidad más beneficiada del Gobierno del presidente, Jimmy Morales", con un aumento de 141 millones de quetzales (19.05 millones de dólares), pasando a 2,049 millones de quetzales en el presupuesto actual (276.8 millones de dólares).