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La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, aseguró que el trabajo conjunto del Ministerio Público y una misión antimafias de la ONU sacudieron a las estructuras de poder que actuaban “con la absoluta seguridad de ser inalcanzables” para la justicia.

A pocos días de dejar el puesto, Aldana afirmó que la “alianza” con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) alcanzó a “todos los sectores de poder (que) han tenido que enfrentar las consecuencias” de actos delictivos.

“Estoy segura que pocos logaron imaginar que la alianza Ministerio Público y Cicig podría llegar a sacudir verdaderamente las estructuras del poder que, organizadas con intenciones criminales, secuestraban la institucionalidad” del país, declaró la fiscal general al presentar su último informe de labores tras cuatro años en el puesto.

La Fiscalía y la Cicig iniciaron en 2015 una inédita lucha contra la corrupción, al revelar una trama de sobornos en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), vinculado como cabecilla del fraude.

Desde entonces, ambos entes han destapado casos de alto impacto que han involucrado a altos funcionarios del Gobierno y el Congreso, e importantes empresarios y militares, que eran considerados como intocables.

“A partir de ese momento (2015) quedó claro que no había marcha atrás en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad”, agregó la fiscal, quien la próxima semana entregará el puesto a María Consuelo Porras, jueza suplente de la máxima instancia judicial del país.

El trabajo de Aldana y el titular de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, llegó a un enfrentamiento con el presidente Jimmy Morales luego de que en agosto pasado pidieron quitar la inmunidad al gobernante por sospechas de haber financiado su campaña de 2015 con fondos ilegales, pero el Congreso desestimó dos veces ese recurso.

Morales, un excomediante de televisión, decretó casi de inmediato la expulsión de Velásquez al acusarlo de sobrepasar sus funciones, pero la orden fue frenada por la corte constitucional.

“Sigo considerando que el señor presidente (Morales) durante mi gestión no fue un aliado en la lucha contra la corrupción”, afirmó Aldana en una conferencia de prensa al finalizar el informe.

A pesar de los roces, la fiscal general le recomendó al mandatario ampliar por dos años más el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, porque a la comisión le “hace falta todavía mucho trabajo por realizar en Guatemala”.