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  • EFE

El Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala denunció hoy el asesinato de uno de sus líderes, Luis Arturo Marroquín, y responsabilizaron de este crimen "al Gobierno y sus grupos criminales".

Marroquín, de 47 años, defensor de derechos humanos y miembro del núcleo central de la dirigencia del Comité, fue "cobardemente" asesinado este miércoles sobre las 9.00, tras recibir "varios impactos de bala por la espalda".

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Supuestamente, un vehículo negro lo siguió desde que salió de Jalapa en un autobús público y al llegar a San Luis Jilotepeque descendió del transporte para sacar copias de un documento en una librería por el parque central, donde lo asesinaron "dos hombres" con el rostro cubierto.

Marroquín era el coordinador organizativo y político de la región oriente del país en el Comité y sus principales luchas fueron la defensa de los derechos humanos, el acceso a la tierra, los derechos laborales, la defensa del territorio y la exigencia por la nacionalización de los servicios y bienes privatizados.

Ante el asesinato de este defensor, que deja huérfanos a cinco hijos, el Comité de Desarrollo Campesino responsabilizó al presidente, Jimmy Morales, porque él "públicamente" en un discurso la semana pasada "trató de afianzar odio y resentimiento" contra la organización, en vez de buscar la unidad del pueblo.

Tras conocerse este crimen, la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, formada por varias entidades, expresó su "rechazo y condena por el deleznable asesinato" y exigió Justicia.

"A pesar que estos ataques contra compañeros defensores nos duelen, pero en lugar de intimidarnos, lucharemos más fuertes para alcanzar nuestros sueños y el de muchos compañeros defensores asesinados", agrega el comunicado, en el que denuncian un sistema "corrupto, ladrón, saqueador y asesino".

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La semana pasada, durante una manifestación en la que miles de vendedores del mercado La Terminal expresaron su apoyo al Gobierno, el mandatario atacó en su intervención a varias entidades de dividir el país, como la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos y el propio Comité de Desarrollo Campesino.

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A esta organización la acusó de tener en su contra más de 2.000 denuncias sin que la fiscalía hiciera nada, unas palabras que desde el Comité consideran que es una incitación al odio.

Tras conocerse este crimen, la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, formada por varias entidades, expresó su "rechazo y condena por el deleznable asesinato" y exigió Justicia.