•   Ciudad de Guatemala, Guatemala  |
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  • EFE

Después de 10 días de visita, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió hoy romper el ciclo de racismo, exclusión y discriminación que existe en Guatemala contra los pueblos originarios, quienes sufren "una segregación racial de facto".

"Estoy extremadamente preocupada por las crecientes desigualdades en el país y por el fracaso del Estado para eliminar la discriminación estructural y la falta de asignación de fondos para abordar la grave situación de los pueblos indígenas", aseguró la experta filipina.

Tauli-Corpuz -que condenó la pobreza extrema, la desnutrición, los desalojos forzosos y la persecución penal contra los indígenas- instó al Estado a reconstruir la relación entre ambos y pidió cumplir con las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno que por 36 años desangró al país (1960-1996). En los últimos 10 días, en los que se ha reunido con entidades de Gobierno, autoridades indígenas, empresarios, comunidades y miembros de la sociedad civil de las diferentes etnias en varios puntos del país, la filipina comprobó que el panorama no han cambiado desde la visita de su predecesor en el año 2010.

 

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"No hay cambios substanciales con el informe de mi predecesor", aseguró, y opinó que esto se debe a que "se han incrementado los esfuerzos por explotar los recursos" de los pueblos originarios, la mayoría de la población guatemalteca, que no ve garantizados derechos básicos como educación, salud, justicia y seguridad alimentaria.

A su juicio, "subsisten serios obstáculos para la adecuada protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel nacional" debido a problemas estructurales que impiden acciones a su favor, por lo que instó al Estado a confrontarlos como una "prioridad urgente" y a cumplir los Acuerdos de Paz en aspectos como la reforma agraria, la participación política, la justicia indígena o una educación bilingüe e intercultural.

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Tauli-Corpuz también expresó su preocupación por los desalojos forzosos contra las comunidades, violentando sus derechos de acceso a la tierra, y la no implementación de un proceso de consulta a los pueblos, como rige el convenio 169 de la OIT, en el que se garanticen sus derechos y no se limiten. En su opinión, "el derecho a la consulta no debería enfocarse como un derecho aislado" y lamentó que no se haya tenido en cuenta la opinión de los pueblos en este marco legal que se discute y que además debería alinearse a los estándares internacionales.

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"La principal causa de la situación es la inseguridad de la tenencia de la tierra. Guatemala no ha adoptado legislación ni mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales", proclamó, y criticó además la criminalización contra los líderes que buscan soluciones pacíficas.

Tauli-Corpuz aseguró hoy que en el país centroamericano continúa la discriminación, el racismo y la exclusión contra los pueblos indígenas, que no tienen garantizados sus derechos.

"Me preocupa que las discusiones sobre la consulta parecen centrarse solo en aspectos de procedimiento más que en garantizar la protección de los derechos sustantivos", reiteró, y criticó las consultas "post facto", que se realizan después de que el proyecto inició y cuando la actividad continúa.

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A su juicio, es necesario "construir un consenso" entre el Estado y los pueblos sobre "los procedimientos de la consulta" porque sin él, existe "el riesgo de que cualquier medida tenga un aumento de la desconfianza mutua y de la confrontación", aunque admitió que generar ese clima de confianza es difícil.

La experta, que admitió que Guatemala tiene una deuda pendiente con las víctimas del conflicto, presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2018, después de reunirse en estos 10 días con miles de autoridades.