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  • EFE

El abogado y exembajador panameño Guillermo Cochez presentó hoy a la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas data contra el presidente Juan Carlos Varela y pidió que fuera multado por no suministrar información sobre "casi 500 millones de dólares" recuperados de casos de corrupción.

Cochez, exembajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó a las puertas del Supremo que Varela dijo en la pasada Cumbre de las América celebrada en Perú que su Gobierno ha recuperado "un patrimonio cercano a los 500 millones de dólares".

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Ante esa afirmación, el abogado envió una carta el pasado 16 de abril al presidente panameño pidiéndole que detallara los casos en los que se habían recuperado los casi 500 millones de dólares, porque en los medios se habla de menos de 100 millones.

"La información de los medios indica que no se ha recaudado ni 100 millones de dólares por los casos de recuperación de bienes por corrupción; no sé porque el presidente miente con tanta frecuencia, (...) debe tener fundamento en lo que habla", declaró el denunciante.

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Explicó que su carta fue respondida el pasado 14 de mayo por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien indicó que la información que sustenta la cifra citada por Varela se le pidió a la Corte Suprema y al Ministerio Público.

Guillermo Cochez

"Le hice la pregunta de la información al presidente Varela, no al presidente de la Corte, ni a la procuradora del Ministerio Público, por eso, para mí no se respondió la carta, por ello presento la acción de acuerdo a la Ley 6 de 2002", de Transparencia y Acceso a la Información, dijo Cochez.

Precisó que con su acción pide al Supremo "que no solo declare en desacato al presidente, sino que le imponga la multa que dicha Ley dice que debe tener el funcionario que no cumple con entregar la información solicitada dentro del termino de 30 días".

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El artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que "el funcionario requerido por el Tribunal que conoce del recurso de habeas data, que incumpla con la obligación de suministrar la información, incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga".

"Es nuestro deber exigir transparencia, y exigir rendición de cuentas y que nos digan la verdad, una cosa tan sencilla para no estar diciendo mentiras", reclamó Cochez antes de entregar la documentación al Supremo.