•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó hoy a Nicaragua por no garantizar el acceso a la justicia a una niña de 8 años que denunció haber sido víctima de violación sexual y abusos por parte de su padre.

La sentencia determinó que el Estado nicaragüense se convirtió en un "segundo agresor", ya que las autoridades forzaron a la niña, identificada solamente como V.R.P, a un examen ginecológico y ejerció violencia institucional en contra de la menor, así como discriminación en razón de su género y su condición de niña.

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El caso se remonta a noviembre de 2001 cuando la madre de la menor inició un proceso judicial tras enterarse de los abusos que fueron determinados luego una consulta médica a la que llevó a su hija.

La niña indicó al padre como presunto autor de estos hechos y el caso fue juzgado por un tribunal de jurados que emitió un veredicto declarando inocente al imputado en abril de 2002.

"En lugar de protegerla y brindarle mecanismos de contención que la hagan sentirse segura, entendida y escuchada, tal como es la obligación estatal, la niña fue sujeta a un proceso de revictimización (...) le solicitaron que narrara nuevamente los hechos, se colocara y fuera fotografiada en la misma posición en que sufrió el abuso", cita la sentencia.

Los jueces consideraron "particularmente grave" que las autoridades estatales, pese a la negativa de la niña, hayan requerido que ella, con tan sólo 9 años, participara de diligencias judiciales revictimizantes y que fuera sometida a revisiones ginecológicas reiteradas, que "fortalecieron su trauma".

"La participación de una niña en el proceso tiene que ser concebida como la de una titular de derechos y nunca únicamente como un objeto de prueba", según determinó la CorteIDH en su sentencia.

A raíz de las diversas irregularidades en el proceso, la madre realizó gestiones para denunciar la actuación de las autoridades, lo que trajo acciones penales en su contra y de sus familiares, promovidas por abogados relacionados con el imputado.

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Según el Tribunal internacional se determinó que este hostigamiento judicial, junto con la situación de desprotección de los derechos de las víctimas generada por el Estado de Nicaragua, llevaron a la madre a salir del país junto con sus dos hijas rumbo a Estados Unidos, donde se les concedió el asilo.

Otros dos hijos quedaron en Nicaragua. Por unanimidad la Corte Interamericana declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, y a la protección judicial, así como violación de las garantías de debido proceso y los derechos de residencia y protección de la familia.

Además, es culpable de la violación a la garantía de plazo razonable del proceso, incumplimiento de su obligación de garantizar, sin discriminación por motivos de sexo y género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima y violación de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Entre las medidas de reparación los jueces ordenaron el pago por daños físicos, psicológicos, materiales, inmateriales y emergentes, así como pago de estudios y de las costas y gastos.

La CorteIDH ordenó al Estado nicaragüense crear e implementar una figura especializada que brinde asistencia jurídica gratuita a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de violencia sexual.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros.