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  • EFE

El Gobierno de El Salvador exhortó hoy a las familias desalojadas de la comunidad El Espino, ubicada en una finca cercana a la capital del país, a trasladarse a un albergue habilitado por el Ejecutivo, por la amenaza de lluvias fuertes pronosticadas para el territorio.

La Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, María Silvia Guillén, y el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, pidieron a las personas que se movilicen a la Villa Centroamericana, donde el Gobierno ha habilitado un albergue provisional, ya que se prevé un incremento de las lluvias por una baja presión.

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Según informes meteorológicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), "fuertes" lluvias afectarán al país la noche de este viernes y mañana sábado y que este fenómeno tiene un 90 por ciento de probabilidades de convertirse en ciclón tropical e intensificar las lluvias en las próximas horas.

"El Gobierno llama a las familias de la comunidad El Espino a resguardarse en el albergue habilitado desde la semana pasada para evitar complicaciones en la salud de los miembros de la comunidad, especialmente en los niños y en las personas adultas mayores", agregó.

 Tras el hecho, el Gobierno propuso brindar entre 4.000 y 12.000 dólares a estas familias para obtener una vivienda digna y abandonar la zona/ La imagen es referencial

El pasado 16 de mayo, un juez de paz de la central localidad de Antiguo Cuscatlán giró una orden para desalojar a 76 familias de la referida comunidad.

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Tras el hecho, el Gobierno propuso brindar entre 4.000 y 12.000 dólares a estas familias para obtener una vivienda digna y abandonar la zona, sin embargo, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las personas "no aceptan y se rehúsan a irse del lugar".

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La finca en donde habitaban estas personas pertenece a la familia Dueñas, una de las más pudientes del país, que interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades, por lo que el juzgado de Paz ordenó el desalojo.