•   Ciudad de Guatemala, Guatemala  |
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  • EFE

El Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia migratoria y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en Guatemala y América repudiaron hoy el asesinato de una migrante guatemalteca en Estados Unidos y exigieron una investigación independiente.

En un comunicado, casi una treintena de organismos de Guatemala, México, El Salvador, Estados Unidos y Chile exigieron al Gobierno guatemalteco elevar "su protesta" por la muerte de Claudia Patricia Gómez Gonzáles, una joven de 20 años fallecida el pasado miércoles en la Comunidad de Río Bravo (Texas), tras un "incidente" con agentes de la Patrulla Fronteriza.

Dominga Vicente, familiar de Claudia Goméz Gonzales, quien murió el miércoles 23 de mayo de 2018 en un cruce fronterizo, en un "incidente" con agentes de la Patrulla Fronteriza, enseña una foto de la víctima durante una conferencia de prensa

Además, pidieron que se investigue "a profundidad" el asesinato de la joven indígena maya mam, originaria de San Juan Ostuncalco (Quetzaltenango), para que se permita "identificar a los autores materiales de este crimen".

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La familia ha denunciado, como algunos vídeos que circulan por las redes sociales, que la joven asesinada, que iba acompañada de tres muchachos que están detenidos, murió por un tiro en la cabeza de uno de los agentes migratorios, aunque el FBI se hizo cargo de la investigación y por el momento no ha trascendido información oficial.

"El asesinato de personas migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ocurre con frecuencia, tanto por parte de agentes de la Patrullas Fronteriza, como por otras personas armadas en el área", dicen las entidades en el escrito, y recuerda que los agentes tienen una larga "historia de muerte", pues desde 2010 han asesinado a más de 50 personas en la frontera sur.

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"El asesinato de Claudia, evidencia una vez más el racismo, la xenofobia y el militarismo que promueve el gobierno de los Estados Unidos de América", agrega, y exigen a los congresistas norteamericanos "que legislen en contra de las políticas y acciones que atentan en contra de la vida y la dignidad de las personas y que por el contrario garanticen sus derechos".