•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

El sector empresarial de Costa Rica criticó hoy el llamado a huelga que están haciendo los sindicatos para el próximo lunes con el fin de protestar contra una reforma tributaria que impulsa el Gobierno.

"Nunca ha sido más cierta la frase de 'mi derecho termina donde el tuyo comienza', por lo que no procede amenazar con que se entorpecerá el libre tránsito, ni que se paralizarán los servicios básicos", dijo en un comunicado el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector empresarial Privado (UCCAEP), Gonzalo Delgado.

El empresario afirmó que en caso de que se produzca la huelga el lunes "serán miles de ciudadanos a los que se les coartarán sus derechos".

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Grupos sindicales del país convocaron hace algunos días a una huelga para el lunes 25 de junio en protesta contra la reforma tributaria que impulsa el Gobierno y la reducción de pluses salariales que han anunciado las autoridades.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica

El Gobierno tiene programada para mañana una reunión con líderes sindicales con el objetivo de conocer sus posiciones y tratar de evitar el movimiento de huelga.

"Este llamado a huelga no es conveniente para el país, ya que existen los canales institucionales para hacer los reclamos que se consideren oportunos. Entendemos que la discusión de estas medidas no producirán el despido de trabajadores ni afectarán los derechos adquiridos, más bien vendrán a controlar el gasto público y evitar el precipicio fiscal", señaló la UCCAEP en el comunicado.

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital y reducción de incentivos salariales en el sector público.

Pero el principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.

Otro plan anunciado por Alvarado es uno para luchar contra la evasión y el contrabando, que incluye intensificar los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas.

El déficit fiscal del 2017 cerró en el 6,2 por ciento del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.

El Gobierno del presidente Carlos Alvarado también lleva a cabo un plan de contención del gasto que incluye reducciones en pluses salariales, el congelamiento o bajada de los salarios de los altos funcionarios, entre otras.

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Otro plan anunciado por Alvarado es uno para luchar contra la evasión y el contrabando, que incluye intensificar los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas.