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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que lucha contra el daño ambiental en América, informó hoy de que ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala un "amicus curiae" (amigo del Tribunal) contra una hidroeléctrica por violentar los derechos de las comunidades indígenas.

"La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígenas, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente", explicó Liliana Ávila, abogada de la organización.

Este escrito, presentado en respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, en Huehuetenango, va en contra del proyecto hidroeléctrico Pojom II, financiado por BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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Esta hidroeléctrica, según fuentes de la asociación consultadas por la Agencia EFE, está a cargo de Generadora San Mateo Sociedad Anónima, que pertenece a la empresa Promoción y Desarrollos Hidrícos, S.A. Ambas son empresas nacionales y comenzaron la construcción en 2011, cuando lograron las licencias.

Precisamente por su defensa del territorio y del medio ambiente en estas comunidades donde se ejecutan megaproyectos hidroeléctricos le valió a la región Ixquisis, una remota comunidad guatemalteca ubicada en el departamento de Huehuetenango, el premio de Front Line Defenders 2018 para las Américas.

La letrada detalló que en ese escrito evidencian las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la presa.

"La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala", agregó Ávila.

El proyecto, explica, fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales y no fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado.

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"No respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona", arguye, y agrega que además no representan "beneficios para las comunidades", sino que causan "daños irreversibles" a sus medios de subsistencia y a sus modos de vida tradicionales.

En el escrito se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II y aseguran que las demandas de amparo presentadas por las comunidades afectadas son una "oportunidad" para que el Gobierno "suspenda el proyecto por los graves daños causados".

Precisamente por su defensa del territorio y del medio ambiente en estas comunidades donde se ejecutan megaproyectos hidroeléctricos le valió a la región Ixquisis, una remota comunidad guatemalteca ubicada en el departamento de Huehuetenango, el premio de Front Line Defenders 2018 para las Américas.

Esas comunidades están en desacuerdo con la construcción de las represas hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés, proyectos ejecutados por la empresa Energía y Renovación S.A. registrada en Panamá en 2012.

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Hasta ahora en esa región no ha existido una consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado de Guatemala en 1996.

Sin embargo, la comunidad realizó una consulta en el 2009 donde el 99 por ciento del municipio de San Mateo Ixtatán votó en contra del otorgamiento de licencia, exploración y explotación de los recursos naturales en su territorio, por los daños que causa al medio ambiente y los medios de vida y subsistencia de la región.