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  • EFE

Organizaciones sociales de El Salvador pidieron hoy a los diputados del Congreso reformar la Constitución para establecer el acceso al agua y el saneamiento como derechos humanos y evitar la privatización del recurso hídrico.

"El agua es un derecho fundamental para la realización de la vida en su carácter y colectivo" y "lo que se busca es que se reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento en el artículo 2 de la Constitución de la República", dijo a periodistas Danilo Pérez, representante del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).

Añadió que con esta enmienda a la Carta Magna también pretenden que se garantice que "todas las leyes y políticas que se establezcan tenga participación ciudadana y que no tengan ningún vicio que lleve a la privatización del agua".

"Esperamos que los diputados borren de su imaginario político cualquier sombra que se quiera enfocar en el tema de la privatización del agua", añadió el activista, quien aseguró que su propuesta es respaldada por la iglesia católica y el cardenal Gregorio Rosa Chávez.

La semana pasada la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también presentaron sendas iniciativas para modificar el artículo 69 sobre el tema del agua.

El Congreso también tiene pendiente la votación para ratificar la reforma a este mismo artículo aprobada en 2012 y que necesita los votos de al menos 56 votos de los 84 diputados para entrar en vigencia.

Miles de salvadoreños han marchado en la capital y otras zonas del país desde mediados de junio para denunciar y rechazar la supuesta intención de 4 partidos de derecha, incluido Arena, de privatizar el agua.

El principal punto en discordia es la pretensión de estas formaciones de incluir a representantes de la empresa privada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un número de votos que, según las organizaciones sociales, le darían el dominio del organismo.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.