•   Tegucigalpa, Honduras  |
  •  |
  •  |
  • EFE

Un total de 5.296 oficiales han salido de las filas de la Policía de Honduras como parte de un proceso de depuración iniciado en abril de 2016 en la institución, salpicada por casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos, informó hoy a Efe una fuente oficial.

El secretario de la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, dijo que ese ente ha evaluado a más de 10.000 oficiales, de los que 5.296 han sido dados de baja.

Señaló que 3.156 oficiales fueron destituidos por reestructuración de la Policía hondureña, y 1.236 se retiraron de manera voluntaria de la institución, mientras otras razones para la salida de los uniformados incluyen incapacidad médica, muerte, despido, retiro obligatorio y abandono del cargo.

Honduras sufre una alta tasa de homicidios. Archivo-END

La Policía ha pagado por "concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos" cerca de 800 millones de lempiras (33,1 millones de dólares), indicó el secretario de la comisión depuradora, nombrada en abril de 2016 por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Rivera señaló a Efe que la comisión depuradora ha instaurado "un sistema permanente de evaluación de recurso humano para tener el control del desempeño y comportamiento de los oficiales y agentes" a través de la recién creada Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).

Precisó, sin precisar cifras, que en los últimos dos años el Instituto Tecnológico Policial y la Academia Nacional de Policía han graduado "más policías de los que fueron depurados".

El secretario de la comisión depuradora dijo que al cierre de 2018 se espera que Honduras tenga 18.500 agentes y para el año 2022, sumen más de 26.000.

La inseguridad en Honduras es una de las principales preocupaciones de la población. Archivo/END

Honduras cuenta con 156 policías por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

La comisión la integran además de Rivera la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales y el pastor evangélico Alberto Solórzano.

El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en abril de 2016, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que aparentemente participaron en el crimen, en 2009, del zar antidrogas Julián Arístides González, y en 2011 en el del exasesor antidrogas Alfredo Landaverde.

Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.

En teoría, la depuración de la Policía, salpicada por múltiples denuncias de oficiales y agentes involucrados en crímenes, narcotráfico y otros delitos, se inició en 2011, pero en la práctica no se había ejecutado por falta de voluntad política, según la opinión de diversos sectores.