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  • EFE

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, está de nuevo bajo el ojo de la Justicia por un caso de financiación electoral ilícita en 2015 y, si el Supremo da luz verde, el Congreso, que lo apoyó el año pasado y le mantuvo la inmunidad, deberá decidir otra vez si aprueba un desafuero.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el viernes el antejuicio contra el mandatario al considerar que en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación, derecha) no reportó al Tribunal Supremo Electoral recursos para su campaña presidencial.

Y la moneda está por ahora en la Corte Suprema de Justicia, que le tiene que dar o no luz verde al desafuero. De ser admitida la petición, el proceso tiene que ser trasladado al Congreso.

En septiembre del año pasado el Organismo Legislativo rechazó en dos ocasiones quitarle la inmunidad al presidente para que fuera investigado por el mismo delito que ahora se le señala. Ese caso quedó archivado.

El Congreso sigue siendo el mismo. Su presidente ahora es Álvaro Arzú Escobar, el hijo del fallecido alcalde metropolitano y expresidente de Guatemala Álvaro Arzú, quien fue un gran aliado de Morales.

El vicepresidente del Poder Legislativo, Felipe Alejos, sobre el que también pesan denuncias por tráfico de influencias, adelantó que de llegar al Parlamento la solicitud de desafuero del mandatario no va a prosperar.

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El diputado opositor dice que no permitirá que se le dé "un golpe" al presidente y que se desestabilice el país y atribuye las acciones en su contra a "un odio desmedido y sistematizado" orquestado por el titular de Cicig, Iván Velásquez, y la exfiscal Thelma Aldana, quien no esconde sus aspiraciones políticas.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala

Analistas tampoco creen que el proceso vaya a recibir el voto de los 105 diputados para que el jefe de Estado sea sometido a una investigación y el "pacto de corruptos" en el Congreso podría salir de nuevo victorioso.

En su primer pronunciamiento, el presidente dijo que era respetuoso del Estado de derecho y que confía "en un procedimiento enmarcado en derecho y ajeno a intereses políticos".

Además, que dejaba en manos de las instituciones consagradas en la Constitución del país la "solución a esta nueva causa" promovida en su contra.

Felipe Alejos, vicepresidente del Poder Legislativo

La fiscal general, Consuelo Porras, quien estuvo acompañada el viernes del comisionado de la Cicig, a quien el presidente intentó sin éxito sacar del país el año pasado tras la primera petición de desafuero, asegura que la petición para que se le levante la inmunidad al mandatario es para comenzar una investigación.

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Tanto la Cicig como la Fiscalía tienen el testimonio de varios poderosos empresarios que admitieron haber financiado la campaña de FCN-Nación en el 2015 de forma anómala.

El colectivo político recibió, según la investigación preliminar, más de 7,56 millones de quetzales (más de 1,01 millones de dólares) para el pago de fiscales para la primera y segunda vuelta electoral celebradas el 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, respectivamente.

Consuelo Porras, fiscal general

La nueva denuncia agrega el hallazgo de 359.899 quetzales (48.114 dólares) de financiación al partido para pagar capacitaciones de los entonces candidatos, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, actual vicepresidente del país.

De esa cuenta la financiación que no se reportó al Tribunal Electoral supera los 7,92 millones de quetzales (1,05 millones de dólares).

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En abril pasado el grupo de grandes empresarios que entregó dinero para financiar ilegalmente la campaña del ahora partido gobernante mostró su arrepentimiento y pidió disculpas al pueblo por tomar con "premura" esa decisión en el contexto de una crisis política.

En el 2015 las denuncias de corrupción en contra del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, desbordó en sendas protestas en las plazas hasta que renunciaron. Ambos están presos y procesados por varios delitos.

Fue el trampolín perfecto para que Morales, que era más conocido por sus facetas de comediante en la televisión que por político, saltara a la arena y ganara la Presidencia de Guatemala.

Si la Justicia no lo alcanza, el actual mandatario deberá entregar el poder el 14 de enero de 2020.