•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó hoy una ley que permitirá bloquear la señal de telefonía celular en los centros penitenciarios y así evitar extorsiones, estafas y otros actos criminales realizados por privados de libertad.

"Mucho del crimen se planifica o se ejecuta vía teléfono celular desde organizaciones en las cárceles, por eso este bloqueo es tan importante (...) llevaremos a la práctica esta herramienta para proteger así de mejor manera a los costarricenses", afirmó en conferencia de prensa Alvarado.

La ley permite un cambio al artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de bloquear la señal, que para las autoridades es un avance en materia de seguridad al combatir de manera efectiva las estafas que se cometen desde centros penitenciarios.

Mucho del crimen se planifica vía teléfono celular desde organizaciones en las cárceles. END/ARCHIVO.

Datos del Organismo de Investigación Judicial indican que entre el 2014 y el 2016 se presentaron desde las cárceles 613 delitos de timo y 354 de estafa. Mientras que la Policía Penitenciaria, aumentó los procedimientos y requisas para decomisar estos aparatos electrónicos.

En el 2015 decomisaron un total de 3.268 celulares, mientras que en el 2017 fueron 3.589 aparatos.

"Este mensaje es el que queremos transmitir a todos los costarricenses: la seguridad ciudadana es una prioridad en esta administración y sé que lo es para los diputados, como lo es para el país. Vivimos un momento complejo en materia de seguridad", destacó Alvarado.

En el 2015 decomisaron un total de 3.268 celulares, mientras que en el 2017 fueron 3.589 aparatos. END/ARCHIVO.

Los operadores de telecomunicaciones tendrán, a partir de hoy, nueve meses para adaptar y aplicar soluciones tecnológicas para impedir la prestación de servicios inalámbricos al interior de los centros penitenciarios. También firmaron la ley, la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y el ministro de  Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar.

Esta ley, aprobada por el Congreso en julio pasado, ha recibido críticas de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) que considera muy difícil bloquear la señal sin afectar a las comunidades cercanas a las prisiones.

Según los datos más recientes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, al cierre de 2017 Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, para un hacinamiento del 30 por ciento.