•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

La Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso de Costa Rica acordó hoy llamar al expresidente del país Luis Guillermo Solís (2014-2018) para que rinda explicaciones acerca de un "hueco" en el presupuesto del 2018.

En una votación de cinco a favor y uno en contra, la Comisión legislativa aprobó hoy una moción para llamar al expresidente, en una fecha por definir, para que explique las razones por las cuales en el presupuesto no se contemplaron al menos 1,052 millones de dólares para el pago de deuda.

El actual Gobierno del presidente Carlos Alvarado, que comenzó funciones el pasado 8 de mayo, presentó el 31 de julio al Congreso un presupuesto extraordinario por 1,052 millones de dólares (1.7 por ciento del PIB) para el pago de deuda, pues los montos incluidos en el presupuesto por el Gobierno de Solís no fueron suficientes.

El Ministerio de Hacienda dijo en julio pasado que hay dos factores que provocaron el llamado "hueco" en el presupuesto: una colocación de deuda con vencimiento en 2018 mayor a la prevista con el fin de cubrir una falta de liquidez en el segundo semestre de 2017; y que el volumen de canjes de deuda realizado en el primer semestre de 2018 estuvo por debajo de lo estimado.

Helio Fallas, quien ejerció como ministro de Hacienda de Solís, compareció hoy ante la Comisión legislativa y negó que haya habido un error de cálculo o manipulaciones en el presupuesto, sino un deterioro de las condiciones económicas del país por el déficit fiscal creciente y porque no se ha aprobado una reforma tributaria.

El creciente déficit fiscal, que en 2017 cerró en el 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), es el principal problema de la economía de Costa Rica, cuya deuda también ha ido en aumento hasta ubicarse en el 49 por ciento del PIB a finales del año anterior.

El Programa Macroeconómico del Banco Central prevé que si el Congreso no aprueba una reforma tributaria, el déficit alcanzará en 2018 el 7.2 por ciento del PIB y la deuda el 53.8 por ciento, mientras para 2019 las cifras serían del 7.5 y el 58.5 por ciento, respectivamente.

El Gobierno impulsa desde hace unos tres años una reforma tributaria que pretende paliar el déficit con iniciativas como la reta global, modificaciones a la renta de capital, y la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA), de la misma tasa pero que gravará más productos y servicios.

El Congreso discute esta reforma entre polémicas por impuestos a servicios como la educación y la salud privados, así como a productos de la canasta básica.