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Campesinos de El Mozote, en el noreste de El Salvador, reclamaron este jueves hacer cumplir las medidas de reparación por la más grande masacre de la historia reciente de América Latina, en la que mil personas fueron ejecutadas por el ejército en 1981.

"Le pedimos a la Corte que siga supervisando para que se dé total cumplimiento de la sentencia en todas las medidas de reparación, y que no nos dejen solas a las víctimas", declaró a la AFP la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Dorila Márquez.

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En la plaza central de El Mozote, 200 km al noreste de San Salvador, Márquez encabezó a un grupo de mujeres, ancianos y jóvenes de la comunidad en un emotivo acto de "dignificación" de las víctimas, en presencia de los jueces Raúl Zaffaroni (Argentina) y Humberto Sierra (Colombia), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

juez Raúl Zaffaroni. END/AFP.

El tribunal con sede en San José de Costa Rica condenó al Estado Salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y ordenó medidas de reparación.

La matanza fue perpetrada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 por soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército en El Mozote y comunidades adyacentes.

Juez Humberto Sierra lee los nombres de las víctimas de la masacre de El Mozote. END/AFP.

Las 986 víctimas fueron ejecutados por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista. Entre ellos se cuentan 558 niños, según un reciente censo.

Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, luego de que sus casas y cultivos fueron quemados en el operativo de "tierra arrasada".

Contra la impunidad 

La Comisión de la Verdad creada en 1993 por la ONU para investigar los crímenes de la guerra, culpó de la masacre a un grupo de militares, entre los que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en 1984, cuando un helicóptero fue abatido por la guerrilla.

Personas portan carteles demandando justicia para las víctimas de la masacre de El Mozonte. END/AFP.

La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras la firma de acuerdos de paz.

Los jueces de la Corte IDH se trasladaron el miércoles a San Francisco Gotera, capital provincial de Morazán, para supervisar el cumplimiento del proceso judicial que ordenaron para juzgar a los responsables de la masacre.

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Los jueces llegaron al juzgado de San Francisco Gotera donde fueron informados sobre el proceso abierto en 2016 contra 18 militares implicados en la matanza.

Zaffaroni, tras reunirse con el juez salvadoreño que ventila el caso, lamentó que carece de apoyo para su trabajo.

una mujer coloca fotografías de algunos de los sobrevivientes de la masacre de El Mozote. END/AFP.

"Se trata del juicio más importante, voluminoso que tiene el país y carece de infraestructura. Creo que tendría que haber un equipo de reforzamiento del juzgado", declaró Zaffaroni a la AFP.

La matanza se mantuvo impune por una ley de amnistía que en 1993 perdonó todas las atrocidades cometidas en la guerra, pero esa normativa fue derogada por la Corte Suprema de Justicia el 13 de julio de 2016.

Más de USD 10 millones 

La Corte IDH ordenó en su sentencia de 2012 la creación de un Registro Único de Víctimas de la masacre, así como programas de desarrollo para que las personas que fueron desplazadas puedan rehacer sus vidas.

Frente a los jueces instalados en un estrado de la plaza, se agolpó un grupo de mujeres con pancartas para reclamar justicia. En una de ellas consignaron: "Los hechos ya pasaron, pero aun quedan secuelas, las promesas de reparación aún no se cumplen".

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No obstante, el presidente Salvador Sánchez Cerén destacó el lunes pasado que desde 2012 el gobierno ha invertido más de 10 millones de dólares en el programa de desarrllo integral de El Mozote y comunidades adyacentes.

Un hombre lee los nombres de las víctimas de la masacre de El Mozote. END/AFP.

María Chicas, de 48 años, una sobreviviente de la masacre, reconoce "el avance" en la construcción de infraestructura pública, pero deplora promesas incumplidas.

"Los ancianos queremos apoyo, hasta hoy no nos han dado las indemnizaciones", declaró a la AFP Juan Mata Argueta, quien a sus 87 años cuenta que se salvó de la masacre porque se había ido a una ceremonia religioso.