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Familiares y miembros de una organización indígena lanzaron este miércoles una campaña encaminada a lograr justicia por el asesinato de la ambienalista hondureña Berta Cáceres, a pocos días de que inicie el juicio oral y público.

Las hijas de la ecologista y dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se instalaron en una mesa en el parque central de Tegucigalpa a reclamar castigo para los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a quienes acusan del crimen.

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"DESA culpable", decía una pancarta instalada atrás de la mesa, a la cual se acercaban curiosos para indagar sobre la campaña.

Las hijas de la ecologista y dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Foto: AFP/END

Berta Zúniga, hija de la coordinadora del Copinh asesinada en marzo de 2016, dijo a la AFP que los tribunales "quieren sancionar solo a los autores materiales y no a los autores intelectuales" del crimen.

El Copinh criticó en un comunicado las audiencias de presentación de pruebas que el juzgado finalizó el martes, porque a su juicio rechazó aportes de testigos que involucran en el crimen a grandes empresarios y banqueros socios de DESA.

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"La justicia hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa", sostuvo Copinh.

La ambientalista fue asesinada por hombres armados que entraron a su casa entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016 en la comunidad occidental de La Esperanza.

Las hijas de la ecologista y dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Foto: AFP/END

Nueve personas han sido acusadas del crimen, incluyendo el presidente de DESA, David Castillo, y el gerente ambiental de esa empresa, Sergio Rodríguez, así como al menos dos miembros del cuerpo de seguridad de la compañía.

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El tribunal resolvió el martes abrir el juicio por el crimen del 17 de septiembre al 19 de octubre próximos contra ocho de los acusados, porque el de Castillo está separado.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncias de que personal de DESA la amenazaba de muertes por rechazar un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, en territorio lenca.