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Mientras Nicaragua aún no se recupera de la crisis sociopolítica que inició en abril y que se ha extendido hasta la fecha con un saldo de más de 300 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, los países de la región también experimentan situaciones convulsas por problemas políticos y socioeconómicos.

Los casos más recientes son los que están enfrentando Guatemala y Costa Rica. El primero por las acusaciones de corrupción contra funcionarios del Gobierno, lo que motivó a que entrara a operar al país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a través de un convenio con la ONU, el cual no fue renovado por el presidente de la República, Jimmy Morales y ocasionó una serie de protestas y disturbios que mantienen bajo tensión al país.

Mientras Costa Rica está viviendo una huelga indefinida de los sindicatos, bloqueos de carreteras, manifestaciones y disturbios, debido a un proyecto de reforma fiscal que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

Honduras enfrentó disturbios luego de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, debido a acusaciones de fraude y con frecuencia se llevan a cabo manifestaciones en las que se dan brotes de violencia.

Los estudiantes universitarios se han sumado a la protesta ciudadana contra el gobierno de Costa Rica.  AFP\END

El caso Guatemala

Jimmy Morales, el popular comediante que llegó a la presidencia de Guatemala con la promesa de combatir la corrupción, enfrenta ahora la furia de miles de manifestantes que le recriminan la decisión de no renovar una misión antimafias de la ONU que lucha contra ese problema.

Morales anunció que no pedirá a la ONU una nueva ampliación, de 2019 a 2021, del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente que junto con la fiscalía ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del presidente para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.

La ofensiva de Morales contra la Cicig provocó bloqueos de carreteras por parte de organizaciones indígenas en el oeste del país, además de protestas en la capital y otras ciudades, convocadas por estudiantes universitarios y organizaciones sociales.

Incluso los países donantes del llamado grupo G13, excepto Estados Unidos, han salido en defensa de la Cicig y refutaron la polémica decisión de Morales de prohibir el reingreso a Guatemala del jefe de la comisión, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.

La prohibición para Velásquez fue emitida la semana pasada, un día después de que el exjuez viajó a Estados Unidos para reuniones de trabajo. De acuerdo con el gobierno guatemalteco, la presencia del colombiano representa una amenaza a la seguridad y paz en el país.

"Ambas decisiones envían un mensaje equivocado en el sentido del compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción", dijo a la AFP el analista político Phillip Chicola.

 

El experto señaló que si bien el gobierno está en la facultad de no pedir una ampliación al mandato, "es cuestionable su legitimidad" y "se percibe un conflicto de interés" debido a que el presidente "está siendo sujeto a una investigación" por financiamiento electoral ilícito.

CICIG efectiva 

Las acciones de Morales por quitarse del camino a Velásquez ocurren poco después de que la Cicig y la fiscalía pidieron quitar el blindaje judicial al presidente para investigarlo por sospechas de no haber reportado unos dos millones de dólares en el partido derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder.

La petición para levantar los fueros presidenciales fue hecha en 2017 en conjunto con la entonces fiscal general Thelma Aldana y en agosto pasado, una nueva solicitud fue respaldada por la entrante Consuelo Porras, ahora con más indicios.

El analista político Javier Brolo señaló a la AFP que las acciones de Morales contra la Cicig no se justifican, toda vez que la corrupción es un problema que sigue latente en Guatemala.

"El problema de la corrupción no se ha resuelto. ¿Entonces en qué medida se justifica la capacidad del Estado de asumir esa responsabilidad de forma independiente?", cuestionó.

Chicola y Brolo coincidieron en que la Cicig, bajo el mando de Velásquez, ha rendido frutos en el combate a la corrupción.

"Ha sido un mecanismo muy efectivo para desarticular estructuras que habían capturado al Estado de Guatemala y que se habían beneficiado de negocios corruptos", refirió Chicola.

Del amor al odio

Antes de ser señalado de corrupción, Morales elogiaba el trabajo de la Cicig y, como promesa de campaña, dijo que pediría a la ONU la prórroga hasta 2021 del ente que funciona desde 2007.

La Cicig fue clave en 2015 en la revelación de un fraude en las aduanas que involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), quien renunció al cargo acorralado por el escándalo.

Ese caso de corrupción y otros destapados por la fiscalía y la Cicig provocaron el hastío de los guatemaltecos con los políticos tradicionales, favoreciendo a Morales considerado como un 'outsider'.

Morales, de 49 años, es recordado en Guatemala por su pasado en la comedia. Junto con su hermano Samuel iniciaron el programa de televisión "Moralejas", que se ha transmitido por más de 15 años y el personaje principal del ahora presidente es Neto, una especie de vaquero ingenuo.

El señalamiento de Samuel Morales y un hijo del presidente en la  alteración de un contrato de alimentos en el Registro de la Propiedad, descubierto por la Cicig, fue uno de los primeros desgastes de Morales al inicio de cuatrienio presidencial que inició en enero de 2016.

La nueva crisis con la Cicig, a la que acusa de actuar como un ente paralelo de poder, golpeó la popularidad de Morales que ya venía erosionada desde el primer intento de restringir el funcionamiento de la Cicig.

Aunque el mandatario se aferra al respaldo de grupos afines a militares y fuerzas de derecha que señalan que la Cicig viola la soberanía nacional.

Huelga y bloqueos en Costa Rica

Una huelga general de los principales sindicatos del país, mantiene a Costa Rica en una situación convulsa con bloqueos de carreteras, manifestaciones y algunos disturbios desde hace seis días, debido al proyecto de reforma fiscal que afectaría el bolsillo de los ciudadanos.

El gobierno considera necesaria la reforma para evitar una debacle económica, pero los sindicatos la rechazan porque impondría impuestos a los productos de la canasta básica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó este sábado de la muerte de un menor de 17 años que aparentemente participaba en una serie de disturbios en Limón (Caribe), donde grupos vandálicos aprovecharon la situación de huelga que vive el país para causar daños. 

"Agentes judiciales investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un menor de 17 años, quien falleció tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza, y las lesiones sufridas por otro menor de 16 años, quien resultó con impactado en una de sus piernas", indicó el ente judicial en un comunicado.

La entidad informó que aún no está claro cómo ocurrieron estos hechos en el barrio Santa Eduviges, en la ciudad de Limón, la madrugada de este jueves.

"Los muchachos se encontraban dentro de un grupo que al parecer estaba causando disturbios en la zona, cuando se escucharon varios disparos. Luego se determinó que los jóvenes habían sido impactados, por lo que de inmediato fueron trasladados al hospital del lugar, donde uno falleció poco tiempo después y el otro está siendo atendido", agregó el OIJ.

El Gobierno de Costa Rica ha reportado daños a locales comerciales y una decena de policías con lesiones durante los operativos contra los disturbios en Limón.

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves ocho locales comerciales resultaron con daños a la infraestructura, mientras que un furgón y una torre de telecomunicaciones del estatal Instituto Costarricense de Electricidad fueron incendiados.

El presidente Carlos Alvarado se reunió con los rectores universitarios y acordaron crear una comisión para investigar la acción policial en la Universidad de Costa Rica, donde agentes policiales penetraron al recinto para capturar a estudiantes en protesta.

Sindocatos se desligan

Los sindicatos se han desligado de estos hechos y afirman que los actos vandálicos no los han cometido trabajadores en huelga.

La Fiscalía informó este jueves que por los disturbios de estos días en Limón hay 14 personas en prisión preventiva por robo agravado, asociación ilícita y resistencia.

Además, un trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo está en prisión preventiva como sospechoso del delito de atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicación, debido a que aparentemente saboteó una planta eléctrica de la entidad.

Otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, también tienen abiertos procesos ante la Fiscalía por los disturbios.

Los disturbios en Limón están afectando el tránsito de mercancías y la operación de los puertos para la exportación, afirmó la Cámara de Exportadores de Costa Rica.

El puerto de Moín, ubicado en la provincia de Limón, está operando únicamente seis horas por día, lo que según datos de la Cámara representa un atraso en el embarque de 11.846 toneladas de producto o 9,38 millones de dólares en exportaciones diarias.

El Gobierno ha llamado al diálogo con la condición de que los sindicatos depongan la huelga, mientras los gremios exigen el retiro de la reforma tributaria del Congreso para sentarse a conversar.

CEJIL: Centroamérica es una región débil institucionalmente

La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, dijo esta semana en Tegucigalpa que Centroamérica es una región institucionalmente débil, lo que ha contribuido a que haya mucha corrupción.

"Centroamérica es una región muy débil institucionalmente y lamentablemente no hemos superado las causas estructurales que hace algunos años generaron conflictos armados internos", subrayó Aguiluz en declaraciones a Acan-Efe.

Aguiluz también lamentó que Centroamérica tenga "elites políticas y económicas tremendamente mezquinas y en este momento empoderadas".

"Observamos este mismo fenómeno lamentablemente acá en Honduras, en Guatemala, El Salvador, en Nicaragua por ejemplo con la crisis actual", subrayó la directora regional del Cejil.

En su opinión, a pesar de que ha habido avances en la región y se ha fortalecido el sistema, "hay jueces independientes y ministerios públicos como el de Guatemala que ha funcionado bastante bien", pero "no ha sido suficiente para fortalecer la democracia".

En ese sentido, en la región "se requieren movimientos ciudadanos mucho más contundentes para darle mensajes a los políticos corruptos de que no se va a permitir retrocesos", señaló Aguiluz.

"Los desafíos son tremendos, no hemos podido superar la debilidad institucional y ante esta fragilidad, cuando se recomponen estas clases (corruptas), lamentablemente vienen con más fuerza a tratar de mantener la impunidad en la que han operado durante años", acotó.